Los reclamos por jubilaciones y pensiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación registraron un crecimiento exponencial en los últimos seis años. Según datos oficiales del máximo tribunal, las presentaciones previsionales aumentaron un 470% y, durante el primer semestre de 2025 —la última estadística pública disponible—, representaron casi el 70% del total de causas ingresadas en la Corte.

Las cifras ofrecen apenas una fotografía parcial de un fenómeno que no deja de expandirse y que ejerce una presión constante sobre todo el sistema judicial. De un lado, jubilados cada vez más activos y atentos a la evolución de sus expedientes, que recurren a la Justicia para reclamar reajustes de haberes y pagos retroactivos. Del otro, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que de manera sistemática apela los fallos adversos hasta la última instancia, generando un pasivo para el Estado que rara vez queda reflejado con claridad en los registros contables.

El incremento de la judicialización previsional responde a múltiples factores. Algunos son de carácter político, como la moratoria de 2005, que incorporó al sistema a más de dos millones de personas sin aportes completos. Otros obedecen a cuestiones demográficas, como el aumento sostenido de la esperanza de vida, que amplía el universo de beneficiarios. También inciden variables coyunturales, como la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las reiteradas modificaciones en los haberes jubilatorios, muchas veces implementadas sin respaldo legislativo.

La fórmula de movilidad jubilatoria se convirtió en uno de los puntos más sensibles tanto para las cuentas públicas como para la Justicia. Cualquier cambio en los criterios de actualización dispara una nueva ola de reclamos que se inicia en los juzgados de primera instancia, continúa en la Cámara de la Seguridad Social y, en miles de casos, termina en la Corte Suprema.

Las estadísticas reflejan con claridad la magnitud del fenómeno. En 2020, ingresaron al máximo tribunal cerca de 7.400 reclamos previsionales. En 2021, la cifra ascendió a 13.000; en 2022 y 2023 se estabilizó en torno a los 20.000 casos; en 2024 superó los 30.000 escritos y, durante 2025, según fuentes judiciales, habría superado los 42.000.

La Anses aparece como el principal actor detrás de esta escalada. A lo largo de distintos gobiernos, el organismo mantuvo la práctica de demorar los pagos incluso luego de sentencias firmes. Recién en 2024, bajo la conducción de Mariano de los Heros, se dictó una resolución que estableció la "adecuación inmediata" de los haberes tras un fallo de la Corte.

En los juzgados previsionales, el impacto es visible. Hace una década, se recibían en promedio 380 presentaciones diarias. Hoy ese número ronda las 600, con picos que alcanzan las 1.000. Cada uno de los diez juzgados del fuero tiene alrededor de 60.000 causas activas, mientras que en cada sala de la Cámara se acumulan unas 4.500.

El Juzgado de Seguridad Social N.º 7, a cargo de Alicia Braganthi, difundió cifras que muestran la tendencia: en 2020 registraba un promedio mensual de 7.600 presentaciones; actualmente, esa cifra se acerca a las 11.000.

La digitalización de los procesos judiciales facilitó las presentaciones y aceleró el ritmo de los expedientes. Pero también sorprendió el creciente involucramiento de los jubilados, incluso de edades muy avanzadas. En algunos juzgados relatan que personas mayores de 90 años llaman para consultar por la falta de movimientos recientes en sus causas.

Según proyecciones internas del fuero, durante 2025 las presentaciones podrían haber superado ampliamente el millón de escritos, consolidando lo que muchas fuentes ya describen como una verdadera "industria del juicio previsional".

Un ejemplo emblemático es el caso de Noemí, una jubilada de 84 años que cuestionó los bonos otorgados durante el gobierno de Alberto Fernández por considerar que produjeron un "achatamiento" de la pirámide jubilatoria y rompieron la proporcionalidad entre aportes y beneficios. Su planteo avanza en la Justicia y, de no haber acuerdo, podría terminar en la Corte junto a miles de reclamos similares.

Para Osvaldo Giordano, presidente del Ieral-Fundación Mediterránea y exdirector de Anses, el problema de fondo es estructural. "El sistema previsional hace promesas que son actuarialmente imposibles de cumplir", sostiene, y advierte que la manipulación de la movilidad en contextos de alta inflación licúa los haberes y se convierte en la principal fuente de litigios que el Estado termina perdiendo.

La capacidad de respuesta de la Corte también se ve afectada. El "stock" de causas previsionales —la diferencia entre expedientes ingresados y resueltos— volvió a crecer en los últimos años y en 2024 superó incluso el pico registrado tras el fallo "Blanco", que había ordenado actualizar haberes con el índice ISBIC.

A este escenario se suma un problema estructural: las vacantes judiciales. La Corte funciona con solo tres de sus cinco miembros; de los diez juzgados previsionales, apenas tres tienen jueces titulares, y en la Cámara solo tres de nueve camaristas están designados formalmente. Una combinación que profundiza los retrasos y mantiene al sistema previsional al borde del colapso judicial.