El avance del juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas vuelve a colocar a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena judicial. En los próximos días, la expresidenta escuchará la lectura de 164 nuevas acusaciones por sobornos, correspondientes a un expediente conexo conocido como "La Camarita". Se trata de un tramo derivado del caso principal, que indaga sobre un presunto circuito de pagos ilegales articulado desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), con la participación de empresarios y altos funcionarios del kirchnerismo.
El expediente, identificado bajo el número 13816/2018, fue abierto el 22 de agosto de 2018 como desprendimiento de la investigación original instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Allí se detallan los sobornos que —según la acusación— fueron percibidos por la exmandataria a través de intermediarios, en el marco de contratos de obra pública civil, energía y transporte.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, de 420 páginas, existen diez imputados colaboradores cuyas confesiones fueron decisivas para reconstruir el esquema de recaudación. Entre ellos se encuentran Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), José López (exsecretario de Obras Públicas) y otros empresarios del sector.
Una red de sobornos institucionalizada
Durante la primera audiencia del juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), ya se leyeron los primeros 40 hechos de cohecho pasivo atribuidos a la exjefa de Estado, que representarían más de 10,4 millones de dólares en sobornos. La fiscalía sostiene que estos pagos se realizaron de forma sistemática a funcionarios del Ministerio de Planificación, liderado por Julio De Vido, y que parte de esos fondos se direccionaron al entorno presidencial.
En el corazón de la trama, la justicia detectó un mecanismo de cartelización de la obra pública. Los empresarios, agrupados en la Cámara de la Construcción, acordaban previamente quiénes serían los adjudicatarios de licitaciones, los montos de sobreprecios y el porcentaje que debían entregar como retorno a funcionarios. Según las confesiones, esos aportes variaban entre el 3% y el 20% del valor de la obra, dependiendo del tipo de contrato o de los anticipos financieros concedidos.
Las confesiones clave
El exfuncionario José López, en su declaración como arrepentido, detalló que la expresidenta pedía mensualmente un listado de pagos de obras elaborado por Vialidad Nacional. "Cristina y De Vido me solicitaron el listado con los pagos mensuales discriminados por empresa", aseguró. Según su testimonio, ese control permitía a la mandataria determinar qué compañías cobraban primero: "Se fijaba los montos que debían cobrar básicamente Austral Construcciones (Lázaro Báez), CPC (Cristóbal López), Electroingeniería (Gerardo Ferreyra) y JCR (Relats), y lo que sobraba se repartía proporcionalmente entre el resto".
Wagner, otro de los arrepentidos, ratificó que la obra pública fue utilizada como fuente de recaudación política. En sus palabras, las empresas "se reunían antes de cada licitación para acordar al ganador y los retornos que correspondían".
El financista Ernesto Clarens, por su parte, explicó que "La Camarita" operaba como un sistema interno de cartelización. "La Cámara Argentina de Empresas Viales me entregaba mensualmente un listado de obras licitadas, con la fecha, el presupuesto, el adjudicatario y el sobreprecio aplicado", declaró. También aportó documentación que sustenta esa operatoria y dio cuenta de un segundo listado: el ranking de empresas cartelizadas, con el detalle de los anticipos financieros y las cuotas de retorno acordadas.
Empresarios y funcionarios involucrados
En este tramo de la investigación hay 51 procesados, de los cuales 45 son empresarios. Entre los más reconocidos figuran Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Osvaldo y Fabián De Sousa, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Juan Chediack, Mario Rovella, Carlos Wagner y los hermanos Cartellone, entre otros. Diez de ellos se acogieron a la figura del arrepentido, aportando información que resultó clave para la instrucción.
La acusación sostiene que todos participaron de un sistema coordinado de retornos hacia funcionarios del Ministerio de Planificación y la Presidencia. Los pagos, en dólares o pesos, eran canalizados mediante intermediarios financieros, entre ellos Clarens, y respondían a un mismo patrón de distribución.
Con la lectura de estas nuevas imputaciones, el juicio por los Cuadernos de las coimas se adentra en su etapa más sensible. "La Camarita" amplía el alcance de las acusaciones contra Cristina Kirchner, quien enfrenta ahora más de 200 hechos de cohecho y la imputación de liderar una asociación ilícita, uno de los cargos más graves en materia de corrupción pública.
