La interna que fractura la estructura oficialista ha dejado de ser una disputa de pasillo para convertirse en un expediente judicial de alto impacto. El juez federal Sebastián Casanello ha decidido avanzar en la investigación para determinar si la titular del Senado, Victoria Villarruel, es víctima de un ataque coordinado y sistemático. La medida principal consiste en encomendar a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina (PFA) la revisión exhaustiva de los mensajes y usuarios que difunden ataques contra la vicepresidenta, quien sostiene ser blanco de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de sectores vinculados al núcleo duro del oficialismo.
Esta investigación tiene sus raíces en una denuncia presentada por Villarruel el pasado 4 de agosto, donde advertía sobre publicaciones dirigidas contra su persona, el poder que preside y su círculo de confianza. Para la vicepresidenta, estas acciones no son exabruptos aislados, sino que constituyen amenazas contra el orden constitucional, sugiriendo un trasfondo de presión política para forzar su renuncia. La tensión alcanzó un punto de no retorno tras la intervención de Javier Milei en La Derecha Fest en Córdoba, donde calificó a Villarruel como una bruta traidora, lo que para la querella funcionó como un disparador del asedio digital.
Los nombres propios del conflicto y la naturaleza del asedio
En el centro de la denuncia figuran personajes de alto perfil público y cercanía con la Casa Rosada. La vicepresidenta apunta directamente contra el biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, y la diputada nacional Lilia Lemoine, quien suele funcionar como vocera de Javier y Karina Milei. A ellos se suman usuarios de la red social X como El Pubertario y El Trumpista, entre otros. Márquez ha sido señalado por achacarle a la vicepresidenta un nivel de vida injustificado y por acusarla de recibir financiamiento de Roberto Bravo, el prófugo fusilador de la masacre de Trelew. Por su parte, Lemoine ha utilizado sus plataformas para tildar a la abogada de golpista en distintas publicaciones de alto alcance.
El hostigamiento en redes llegó a extremos de gravedad extrema, como el mensaje detectado el 25 de junio que rezaba que la funcionaria va a aparecer muerta. Este tipo de amedrentamientos motivó a Villarruel a agitar la interna el viernes pasado al retuitear a una usuaria que cuestionaba la naturalización de estas amenazas, arrobando en el proceso a Alejandra Monteoliva, quien reemplazó a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Para el entorno de la vicepresidenta, el subtexto es claro: personajes cercanos al mandatario nacional estarían coordinando estas acciones para forzar su salida del cargo.
El giro judicial de Casanello frente a la postura de la fiscalía
Inicialmente, el fiscal Franco Picardi había dividido los mensajes en tres categorías diferenciadas. Por un lado, aquellos que constituían amenazas; por otro, los que representaban calumnias o injurias —delitos de acción privada que no requieren intervención del Ministerio Público— y, finalmente, mensajes que no constituían delitos pero resultaban repudiables. Picardi llegó a caracterizar el escenario como un caso de violencia por razones de género en el entorno digital, incluyendo allí algunos mensajes de Márquez. Sin embargo, esta interpretación no conformó a Villarruel, quien pidió la revisión de su superior.
Pese a que el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, respaldó la postura de Picardi señalando la flagrante ausencia de elementos para la acción penal, el juez Casanello optó por una visión más integral y reasumió la investigación. El magistrado entendió que la dinámica de las redes sociales exige un análisis conjunto de los sucesos para no desdibujar su real dimensión y gravedad. En su resolución, Casanello subrayó la necesidad de aplicar la debida diligencia ante denuncias de violencia contra las mujeres en la vida política, acentuada por la alta magistratura desempeñada por la víctima, ordenando buscar interacciones coordinadas entre los atacantes.
La causa ha reflotado vínculos del pasado que hoy parecen irreconciliables. Carlos Maslatón difundió recientemente fotografías de una cena en octubre de 2018 que evidencian la antigua camaradería entre Villarruel y sus actuales detractores. En las imágenes se observa a la vicepresidenta junto a Márquez, el referente de la Fundación Faro Agustín Laje, el exdueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el senador Agustín Monteverde, el actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia Juan Bautista Tata Yofre y José Martínez de Hoz hijo, titular de un estudio jurídico de la City y defensor del legado de su padre durante la dictadura.
Aquel encuentro de 2018 no habría sido grato para Villarruel, ya que no aceptó la sugerencia de Martínez de Hoz de financiar una ONG para la batalla de las ideas de Márquez y Laje. El quiebre definitivo se hace evidente hoy, cuando tanto Márquez como Cecilia Pando —con quienes Villarruel compartió militancia en la asociación Memoria Completa y estudios en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry— expresan fuertes críticas contra su antigua compañera de ruta. La investigación judicial ahora deberá determinar si esta ruptura personal escaló hasta convertirse en una maniobra de hostigamiento político con fines destituyentes.
