La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en el ojo del huracán tras su reciente rechazo a las revisiones solicitadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este conflicto no solo pone de relieve tensiones internas en la institución educativa más emblemática del país, sino que también plantea interrogantes sobre la autonomía universitaria y la relación con el gobierno. En este artículo, hablaremos los puntos más relevantes de este tema, analizando sus implicaciones y ofreciendo una mirada crítica sobre el futuro de la educación superior en Argentina.

Contexto del conflicto: ¿Qué está en Juego?

La decisión de la UBA de rechazar las revisiones de la SIGEN surge en un contexto de creciente tensión entre la administración universitaria y el gobierno nacional. Según las declaraciones de las autoridades de la UBA, la intervención de la SIGEN se percibe como una amenaza a la autonomía institucional, un principio fundamental en el marco legal de las universidades argentinas. Este aspecto es crucial, ya que la autonomía universitaria garantiza la libertad de cátedra y la gestión independiente de las instituciones educativas.

La autonomía universitaria es un tema recurrente en el debate educativo. Este principio, consagrado en la Ley de Educación Superior, permite a las universidades ejercer su gobierno y gestión de manera independiente. El rechazo a las auditorías de la SIGEN pone de manifiesto la preocupación de la UBA por preservar este derecho y evitar cualquier tipo injerencia del Ejecutivo en sus asuntos internos.

Las posturas en conflito: UBA. SIGEN

El conflicto ha generado posturas encontradas los distintos actores involucrados. Por un lado, las autoridades de la UBA defienden su autonomía, argumentando que las auditorías podrían alterar la estructura y funcionamiento de la universidad. Por otro lado, la SIGEN sostiene que su intervención es necesaria para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en tiempos de crisis económica.

La disputa entre la UBA y la SIGEN también tiene implicaciones directas para estudiantes y docentes. La incertidumbre en torno a la administración de los recursos podría afectar la calidad educativa y la oferta académica, generando preocupación entre los estudiantes sobre el futuro de su formación. Es fundamental que la comunidad universitaria esté informada y participativa en este proceso, ya que su voz puede ser clave para determinar el rumbo de la institución.

Para Pettovello no hay "colisión" entre la autonomía y autarquía universitaria y las auditorías de la SIGEN

A través de un comunicado titulado "Auditar a las universidades es garantizar la autarquía", el Ministerio de Capital Humano ratificó su postura con respecto a las revisiones de cuenta realizadas a las universidades nacionales públicas a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Se espera que el organismo avance con la revisión de cuentas de 61 universidades nacionales públicas, para lo que revisarán 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas. Así lo ratificó la cartera bajo la conducción de Sandra Pettovello, que en su documento sostiene que con este proceso busca "garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno".

Es en ese marco es que el ministerio ratifica que "no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales". Citando a la Ley N° 24.156, remarcan que la SIGEN está facultada a "examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión".

"El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo", continúa el documento.

Finalmente, el ministerio define que "cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos". "La falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", concluye el comunicado.