El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el retiro definitivo del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una decisión de fuerte impacto institucional y económico para el esquema de explotación minera en el noroeste argentino. La medida quedó formalizada mediante la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2/2026 en el Boletín Oficial, que aprueba el acuerdo modificatorio del histórico Acta del Farallón Negro y reforma la Ley 14.771, normativa que regula el funcionamiento del ente.
De acuerdo con el texto oficial, el decreto convalida el "Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro", firmado el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Mediante ese entendimiento, se dispuso el cese de la participación del Estado nacional en la gestión y funcionamiento de YMAD, así como el deslinde de toda responsabilidad futura que pudiera comprometer recursos del Tesoro Nacional.
Catamarca y la UNT, únicas integrantes del YMAD
Con la reforma introducida por el DNU, la estructura societaria de YMAD queda redefinida: el 60% del ente pasará a estar en manos de la Provincia de Catamarca, mientras que el 40% corresponderá a la Universidad Nacional de Tucumán, sin ningún tipo de intervención por parte del Estado nacional. De esta manera, la Nación deja formalmente su lugar en una de las empresas mineras más relevantes del país, vinculada históricamente a la explotación del yacimiento Farallón Negro.
El decreto también prevé que, en el futuro, las partes podrán acordar modificaciones adicionales en la composición del ente, ya sea a través del retiro de alguno de los integrantes actuales o mediante la incorporación de nuevos actores, por medio de la transferencia total o parcial de las participaciones existentes.
Cambios en el directorio y en el régimen jurídico
Otro de los puntos centrales de la norma es la modificación en la integración del directorio de YMAD. A partir de ahora, el presidente del organismo y dos vocales serán designados por la Provincia de Catamarca, mientras que los otros dos vocales quedarán a cargo de la Universidad Nacional de Tucumán. De este modo, se elimina la facultad que hasta el momento tenía el Poder Ejecutivo Nacional de nombrar al titular del ente minero.
El decreto introduce además una redefinición del marco jurídico bajo el cual opera YMAD, al establecer que, en sus relaciones con terceros, la empresa se regirá por el derecho privado. En la misma línea, se actualizan los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán ajustarse a criterios de publicidad, transparencia y competencia de precios, en línea con estándares de gestión empresaria.
Los argumentos del Gobierno nacional
En los considerandos del DNU, el Gobierno de Javier Milei fundamentó la decisión en la necesidad de reducir el déficit fiscal, evitar eventuales compromisos financieros futuros del Tesoro Nacional y avanzar en un proceso de racionalización del Estado. Según sostiene el texto oficial, "han dejado de existir las razones que motivaron oportunamente la participación del Estado nacional" en la empresa minera.
Desde el Ejecutivo remarcan que la salida de la Nación del YMAD se inscribe en una política más amplia de repliegue del Estado de actividades productivas y de transferencia de responsabilidades a las provincias y a otros actores institucionales.
Control legislativo del DNU
Tal como lo establece la normativa vigente, el decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá expedirse sobre su validez, conforme a lo dispuesto por la Ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
La decisión marca un cambio estructural en el esquema de control y administración del YMAD, con Catamarca como principal accionista y con mayor poder de decisión sobre el futuro del ente y de los recursos mineros asociados a su explotación.
