El 20 de junio de 2024, mientras el país transitaba una compleja coyuntura económica, el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, emprendió un viaje a la ciudad de Bariloche que hoy amenaza con dinamitar el operativo de rescate político montado por la administración de Javier Milei. Adorni no viajó solo; lo hizo acompañado por sus dos hijos y su esposa, Bettina Angeletti. El costo de los pasajes en Aerolíneas Argentinas ascendió a la cifra de $1.737.432, marcando el inicio de una escapada cuyo financiamiento genera más dudas que certezas en el seno del poder.
La familia se alojó durante cinco noches en el emblemático Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, una joya arquitectónica creada por Alejandro Bustillo. Para su descanso, seleccionaron las habitaciones Studio Lago Moreno de Lujo, las cuales se cuentan entre las más exclusivas del establecimiento y fueron modernizadas recientemente. Durante su estadía, los gastos en excursiones y comidas sumaron $2.435.344, a los que se agregaron consumos adicionales que incluyeron servicios de peluquería, un detalle que evidencia que el funcionario y su círculo íntimo no se privaron de ninguna comodidad.
Inconsistencias financieras
La controversia principal no radica solo en el lujo, sino en la ingeniería contable detrás de los pagos. El establecimiento emitió una factura por el alojamiento que alcanzó los $4.931.993,97. Sin embargo, los Adorni regresaron a Buenos Aires sin cancelar la deuda en el momento del check-out. De acuerdo con fuentes con acceso a la trastienda del viaje, tanto el alojamiento como las comidas y excursiones fueron abonados con un llamativo retraso de tres meses desde una cuenta bancaria. Esta demora representa un privilegio inusual en la hotelería internacional y garantiza una trazabilidad que la Justicia comienza a observar con detenimiento.
El costo total de la excursión a la Patagonia fue de $9.104.769,97. Al contrastar esta cifra con la realidad patrimonial declarada, surgen interrogantes inevitables:
En aquel momento, Adorni percibía un salario neto inferior a los tres millones de pesos.
Su esposa, Bettina Angeletti, figuraba como monotributista en una de las categorías más bajas del sistema.
Estos gastos se suman a otros bajo investigación judicial, como sus viajes a Aruba y Punta del Este, realizados en paralelo a la compra de propiedades.
El impacto político
A pesar de los intentos oficiales por cerrar el capítulo, el "mito del mendigo que pasó a millonario" se ha instalado en la opinión pública. El desgaste ya lleva 54 días y afecta directamente la imagen de Javier Milei, quien ante las turbulencias opta por encerrarse en su círculo áulico junto a su hermana, Karina Milei. La Residencia de Olivos parece haberse convertido en un lugar hostil para la disidencia, donde incluso figuras clave como Santiago Caputo han visto reducido su acceso tras enfrentamientos internos.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta llevar tranquilidad al Círculo Rojo asegurando que la inflación convergerá a la baja, el clima político se enrarece. La preocupación por el posible retorno del kirchnerismo surge como una humorada ácida entre inversores, mientras que en el Conurbano, figuras como Axel Kicillof critican la falta de recursos en un contexto de inseguridad y adicciones.
Tensiones internas
La defensa corporativa que el Gabinete hizo de Adorni tras su exposición en el Congreso —donde Milei se retiró entre insultos a la prensa— no oculta las fracturas internas. La designación de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, desplazando a hombres cercanos a Santiago Caputo, marca una victoria para el ala de Karina Milei, aunque se cuestiona si esta nueva conducción tiene la "cintura política" necesaria para manejar Comodoro Py.
Finalmente, el escenario se ensombrece con denuncias sobre presuntos pagos mensuales por fuera de lo establecido. Testimonios recogidos indican que candidatos a puestos importantes, como en la Unidad de Información Financiera, habrían rechazado ofertas tras ser informados de que existían "ingresos extra" no blanqueados. Esta sospecha de sobresueldos, sumada a la altanería de los funcionarios involucrados, deja al Gobierno en una posición de extrema vulnerabilidad ética y política.