Semanas atrás, el Gobierno provincial inició con las obras de reparación del Estadio Provincial Bicentenario y, en ese marco, el gobernador Raúl Jalil dio a conocer que se había alcanzado un acuerdo con la empresa Capdevilla, para cubrir las fallas constructivas que provocaron que haya sectores totalmente arruinados. En ese entendimiento, la constructora se comprometía a pagar $ 44 millones en 10 cuotas para dar por finalizado el largo litigio entre las partes. 
Ante algunas críticas de diferentes sectores respecto del acuerdo, teniendo en cuenta que el exfiscal de Estado, Carlos Bertorello, reclamaba en sede judicial que Capdevilla pague $ 257 millones al Estado provincial por los defectos que tenía el estadio, el actual fiscal de Estado, Marcos Denett, defendió el arreglo alcanzado entre las partes. En ese marco, señaló que la empresa ya abonó la primera cuota de $ 4 millones que se había acordado y dijo “una vez que se cancele la totalidad de lo acordado, ya no tendremos interés en continuar ningún reclamo por este tema contra la empresa contratista”. 
Tras señalar que el arreglo se dio en el marco de un interés personal del gobernador Jalil de resolver el conflicto, el funcionario provincial explicó cómo se llegó al monto de $ 44 millones que debe pagar la constructora, en lugar de los 257 que reclamaba inicialmente la Provincia. 
“Nosotros, cuando asumimos en la Fiscalía, ya estaban reconocidos por parte de la Justicia un crédito a favor de la Provincia por $ 44 millones. Tengo entendido que lo que reclamaba anteriormente mi antecesor era el monto total de toda la obra, circunstancia que la Justicia lo descartó a raíz de que solamente fueron $ 44 millones. Y no nos parece descabellado porque hay muchas áreas del estadio que están en perfectas condiciones y no hay por qué salir a reclamar lo que está en condiciones”, explicó, y agregó que “lo que reclamaba la Fiscalía en su momento era la indemnización total por el valor completo del Estadio”. 
Consultado por cierta molestia que habría dentro del equipo de abogados de la Fiscalía de Estado porque con este acuerdo no percibirán los honorarios que podrían establecerse si prosperaba el reclamo de los  $ 257 millones, Martel dijo desconocer esa molestia, pero dejó en claro que fue una decisión suya. “Como responsable de la Fiscalía de Estado, asumí el criterio de que ninguno cobre honorarios y eso es lo que se acordó. No recibí ninguna queja, pero me tiene sin cuidado porque acá está el interés superior de la Provincia en recuperar el dinero necesario para poder transferirlo al ministerio respectivo para que se recupere lo más rápido posible el estadio.