La diputada Adriana Díaz ingresó un proyecto de ley mediante el cual se propone crear un “Programa Provincial de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado”. El objetivo es promover políticas tendientes a prevenir, identificar, denunciar y difundir las conductas negacionistas de los crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, autoritarismo y terrorismo de Estado que hayan sido perpetradas durante las dictaduras cívico-militares o en democracia.
En sus argumentos, la legisladora señala antecedentes similares, como el existente en el código penal de Alemania desde 2005 que tipifica “la exaltación del nazismo como una de las formas del delito de incitación al odio racial, contemplando multas y penas de hasta tres años de cárcel”. El 20 de enero del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución no vinculante que condena el negacionismo del Holocausto, invitando a todos los Estados miembros a que luchen contra este y contra el antisemitismo, especialmente en las redes sociales.
“Nuestro país no escapa a esta concepción de nuestro pasado histórico reciente, particularmente respecto del Terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar, civil y eclesiástica, entre 1976 y 1983, y en gobiernos elegidos democráticamente. El negacionismo de los crímenes contra la humanidad, tiene - aunque nos resulte difícil de comprender y aceptar-, un método sistematizado para insertarse y ser aceptado como un pensamiento válido y no aterrador: la racionalización, que implica deslegitimar o falsear las pruebas y testimonios del genocidio; la relativización de la cantidad de personas asesinadas; la inversión de la acusación a partir de la culpabilización de las víctimas; y la anamorfosis o deformación de la realidad”, dice.
“Lamentablemente es común escuchar a referentes de algunos espacios políticos, negar o relativizar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar a pesar de que los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas están ampliamente documentados y probados a través de los juicios por la justicia y la verdad (y de las garantías judiciales) que se vienen desarrollando desde el histórico juicio a las Juntas Militares en 1985”, cuenta la legisladora.
Este negacionismo ha ido en aumento en estos últimos años, en parte avalados por medios concentrados de comunicación que, excusándose en el derecho a la libertad de opinión -un derecho fundantal de nuestro sistema (liberal) jurídico-, lo interpretan de manera absoluta. “Ciertamente la libertad de expresión es un derecho fundamental, que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin censura o represión; es un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática al fomentar el debate, la circulación de información y la diversidad de opiniones. El negacionismo entonces, debe ser considerado una expresión que promueve la discriminación, el odio y la violencia hacia cierto grupo de personas, incluso un daño y dolo a las víctimas de los hechos que se niegan, al relativizar la verdad histórica”, concluye.
La autoridad de aplicación que propone el proyecto es el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que debe llevar adelante entre otras; “actividades de concientización y difusión educativas culturales sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado, en consonancia con los objetivos del Programa, tendientes a la prevención y erradicación de las actitudes negacionistas señalando sus aspectos dañinos, promoviendo el conocimiento público de las personas o grupos de personas que las impulsan”.
