Celdas completamente oscuras de tres metros por dos y un hoyo en el piso para hacer de baño. Gritos a la distancia de presos amarrados con cadenas. Amenazas. Agua racionada y frijoles en estado de descomposición.

Poco más de una semana después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses comienzan a narrar lo que sufrieron en prisión por meses o años sólo por oponerse o criticar al régimen de Daniel Ortega.

En entrevistas con The Associated Press, tres de ellos describieron incomunicación con sus familiares, falta de higiene en las celdas y torturas. La gran mayoría llegó a Estados Unidos sin familiares y teme por la seguridad de los suyos en Nicaragua.

“Fueron tres años terribles”, rememora ahora desde la libertad Victor Manuel Sosa Herrera. “Creí que en cualquier momento nos mataban”, expresó refiriéndose a las amenazas de guardias carcelarios que se identificaban como Montes, Juancito y López. “Se siente rabia, enojo contra la injusticia”.

Es un recuerdo que lo atormenta. Cada vez que puede, Sosa Herrera, de 60 años, asegura que uno de sus compañeros de cárcel quedó ciego por haber permanecido años solo y sin luz, en una celda igual a la suya. A diferencia de él, que fue liberado, el otro preso quedó detenido.

Ambos estaban en “El infiernillo”, como llaman al área de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, de Tipitapa, en las afueras de Managua, a donde mantienen a algunos de los presos políticos junto con asesinos y narcotraficantes. Se cree que el obispo católico Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión un día después de haberse rehusado a ser liberado y enviado a Estados Unidos, estaría ahora recluido allí. El dictador dijo que Álvarez fue trasladado a la cárcel de Modelo, aunque no especificó a qué tipo de celdas.

Después de la liberación de los 222 opositores que arribaron a Estados Unidos, organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch han indicado que han quedado aún detenidos en similares condiciones unos 30 opositores.

Sosa Herrera pasó tres años recluido solo y sin ningún tipo de comunicación en un espacio de unos tres metros por dos, calculado a tientas porque siempre estuvo en oscuridad total. Sólo entraba la luz a la celda cuando le entregaban comida por una pequeña ventana que había en la puerta de metal y que se abría tres veces al día.

Le dejaban una ración de comida equivalente a una cucharada de arroz y frijoles que parecían descompuestos, dijo, y era el único momento en que veía a otras personas: el preso de la celda de enfrente y los guardias.

No tenía colchón para recostarse, sólo un camarote de cemento. Para sus necesidades fisiológicas había un hoyo en el suelo de la celda y tenía acceso a agua en un grifo dos veces al día por una hora. Así permaneció durante tres años.

Desde su celda, recuerda que podía escuchar el sufrimiento de otros presos amarrados con cadenas toda la noche en lo que los reclusos conocían como la “banca de la meditación”. Él se siente afortunado de no haber sido uno de ellos, aunque sufría de tan sólo escucharlos. Eran detalles que compartía con otros presos de su pabellón hablando por el espacio que separaba la puerta del piso.

“Los guardias les ponían esposas y grilletes, los arrastraban y les pegaban”, dijo Sosa Herrera, quien no podía ver desde su celda cerrada pero dice que escuchaba lo que pasaba. “Oíamos los gritos”, expresa con su voz por momentos entrecortada.

Su esposa sólo podía visitarlo 15 minutos cada mes y se veían a través de un vidrio. Ese era el único día en que salía de su celda y recibía algo de luz a través de las pequeñas ventanas internas del pasillo que llegaba hasta la sala de visitas. A sus dos hijos y nietos no los ve desde que fue detenido a comienzos de 2020.

Sosa Herrera, que tenía un negocio de compra y venta de granos en Matagalpa, a unos 130 kilómetros al noroeste de Managua, cuenta que fue acusado de traición a la patria y de desestabilizar al gobierno y recibió una condena a 110 años de cárcel. El comerciante asegura que no era activista político y sospecha que lo detuvieron por haberse negado a formar parte de las fuerzas paramilitares que reprimían a opositores y por haber publicado en las redes sociales críticas a la represión contra ancianos.

El régimen nicaragüense no respondió los pedidos de información y comentarios de la AP.

La situación de Nicaragua

La persecución a opositores políticos se incrementó en Nicaragua desde comienzos de 2021, cuando Ortega buscó allanar su camino antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Siete aspirantes a la presidencia fueron detenidos y Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo en comicios que fueron deslegitimados por Estados Unidos y otros países al considerarlos una farsa.

Jueces nicaragüenses sentenciaron a varios líderes de la oposición, incluidos ex altos funcionarios del gobernante movimiento sandinista y excandidatos presidenciales a penas de prisión por “conspiración para socavar la integridad nacional”.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado represión y detenciones arbitrarias contra críticos y opositores políticos.

“Muchos de estos detenidos estuvieron incomunicados durante semanas, sufrieron aislamiento por largos períodos de tiempo y se les impidió que ejercieran sus derechos fundamentales”, dijo Juan Pappier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch. “Fueron condenados por ejercer sus derechos fundamentales a través de procesos penales abusivos que violaron garantías básicas de derechos humanos y carecieron de cualquier tipo de evidencia creíble”.