El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el proyecto original. La medida se formalizó a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, la aplicación de la norma quedó suspendida hasta que el Parlamento determine de dónde saldrán los recursos y se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado que la ejecución se frenaría por su fuerte impacto fiscal.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la nueva pensión y programas asociados representarían un gasto de $2,1 billones en 2025 (0,26 % del PBI) y más de $4,7 billones en 2026 (0,47 % del PBI). A ello se suma el costo del Programa Incluir Salud y de las compensaciones a prestadores, lo que llevaría el desembolso total a $3 billones en el próximo ejercicio, equivalente al 0,35 % del PBI.
El Ejecutivo argumentó que la ley no especifica fuentes concretas de financiamiento, como exige la Ley de Administración Financiera, y que las reasignaciones presupuestarias previstas "no constituyen una fuente suficiente". Ya en el veto original —Decreto 534/2025—, el Gobierno había advertido que la falta de previsión ponía "en riesgo la sustentabilidad del sistema de atención y a las personas que se busca proteger".
Pese a esas objeciones, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron en su aprobación por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución.
En paralelo, y mientras se espera que el Congreso defina la financiación de la emergencia, el Gobierno dispuso un refuerzo presupuestario para atender reclamos inmediatos del sector. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se incrementaron los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de una reducción en partidas de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro.
El ajuste, que entrará en vigencia el 1° de octubre, busca garantizar la continuidad del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y responder al pedido de actualización de los prestadores del sistema.
