Durante la última sesión de la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario un proyecto de la diputada Adriana Díaz que propone que los medios de comunicación se capaciten en perspectiva de género y elaboren un protocolo para casos de violencias a cambio de beneficios impositivos. Además ingresó otras iniciativas sobre la misma temática.

El proyecto crea un curso de Capacitación Obligatoria en “Sensibilización de Género en los Medios de Comunicación" y exhorta además a crear un protocolo de actuación para casos de violencia de género en el ámbito laboral.

La novedad es que para aquellos medios de comunicación privados, que no pueden ser obligados por ley a capacitarse, ni a crear el respectivo protocolo se propone un quite del impuesto al sellado de las órdenes de publicidad que obtengan con organismos oficiales de la provincia.

Los objetivos de la iniciativa son: garantizar la prevención y erradicación de la violencia de género mediática y el desmantelamiento de todas las modalidades de violencia en los medios de comunicación, cualquiera sea su plataforma. También, capacitar a las y los trabajadores de los medios de comunicación públicos de la Provincia en la prevención y eliminación de la violencia por motivos de Género apuntando a la violencia mediática y simbólica, y  prevenir, abordar de manera efectiva, eliminar la discriminación y violencia de género en el ámbito laboral.

Por otra parte, y como complemento de este proyecto se presentó otro que obliga a establecer la leyenda: “La Violencia de Género es un Delito”, en medios audiovisuales de la provincia ante la cobertura de hechos vinculados a ese flagelo.

Además, Díaz presentó dos iniciativas más, la primera que busca incorporar la línea telefónica nacional, anónima y gratuita 145 (denuncias por casos de trata de personas) a los números de urgencia y ayuda que figuran en la página oficial del gobierno provincial.

También, crear el Programa Provincial "Polo Integral e Itinerante para Personas en Situación de Violencia Familiar y de Género". El objetivo de este proyecto es que todos los entes, que pertenezcan a diferentes poderes del Estado, que tengan como fin combatir y ayudar a las víctimas de violencias, puedan estar centralizados en un solo espacio físico, a fin de simplificar el derrotero actual de quienes se animan a denunciar y de esta manera evitar su revictimización.