En medio del conflicto por los despidos de trabajadores por parte de la minera china Liex - Zijin, operadora del Proyecto Tres Quebradas, el diputado Alfredo Marchioli valoró algunas de las acciones que se tomaron en consecuencia aunque apuntó a la obligación de la empresa de incorporar a los empleados y pidió al Ejecutivo, hacer cumplir y respetar las libertades individuales y la diversidad cultural.

Para el Legislador, Liex- Zijin debería incorporar a los despedidos, caso contrario estaría cometiendo  "discriminación y una violación a las libertades individuales y derechos laborales, consagrados en la Constitución y Acuerdos internacionales como el de San José de Costa Rica".

Desde esta perspectiva Marchioli consideró que el Gobierno, a través del Ministerio de Minería, "debe garantizar que la empresa respete las libertades individuales y la diversidad cultural".

"Es inédito en la actividad minera el despido de trabajadores por reunirse con sus propias autoridades locales o municipales" destacó el Diputado tras enfatizar que con esta grave situación y antecedentes recientes de la empresa, "el gobierno no puede mirar para otro lado y debe aplicar las multas por faltas graves previstas en la legislación minera-ambiental, y exigir la inmediata reincorporación de los damnificados" pronunció Marchioli.

El Diputado fue contundente al afirmar que los catamarqueños y en este caso los fiambalenses, "quieren un desarrollo sostenible, con mayor derrame económico mediante la contratación de mano de obra y proveedores locales, y la garantía de un control ambiental que no comprometa los recursos ambientales y las demás actividades económicas de la jurisdicción como la agricultura y turismo", remarcó tras  apuntar que Zijin "está acostumbrada al régimen de Roxana Paulón -ex Intendenta de Fiambalá-, que tenía el tamiz en la mano y como aduana señalaba quien trabajaba y quien quedaba  afuera. Todo con la connivencia o vista gorda de las autoridades provinciales".

En este sentido, el Diputado y presidente de la UCR en la provincia anticipó que si ante semejante gravedad, el Ministerio no sanciona, "podría perder autoridad y legitimidad para garantizar el cumplimiento de la legislación y el 70/30, para la protección del derrame económico catamarqueño, quedará solo como anhelo y buenas intenciones, es decir, sin pena ni gloria".

"Lo mejor que puede hacer el Ministerio de Minería es concertar en comisión con la Municipalidad de Fiambalá un control conjunto, para garantizar el derrame económico local, el cuidado ambiental y sostenimiento de la licencia social para una mejor minería" aconsejó Marchioli.