Hasta ahora, la atención pública sobre los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela se había concentrado en unos pocos nombres. El foco estaba puesto principalmente en Nahuel Gallo, el gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y en Germán Darío Giuliani, el abogado penalista detenido desde mayo de 2025 en territorio venezolano.
A esa nómina se había sumado recientemente Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años que recuperó la libertad tras más de un año de detención. Sin embargo, existía un cuarto caso que había permanecido prácticamente fuera del radar mediático y político: el de Roberto Baldo, un comerciante argentino-venezolano detenido desde fines de 2024 y acusado de terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro.
La historia de Baldo aparece mencionada de manera escueta en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera elaborado por la ONG Foro Penal, una organización venezolana que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente. El informe fue publicado en marzo de este año, aunque recién en las últimas horas comenzó a circular con mayor fuerza en la agenda pública.
Según ese documento, Baldo fue detenido junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, de nacionalidad venezolana y también con ciudadanía española. Ambos son propietarios de una pizzería ubicada en el barrio Los Palos Grandes, una zona residencial de la ciudad de Caracas.
La detención se produjo el 29 de noviembre de 2024 y estuvo a cargo de "presuntos funcionarios" de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De acuerdo con la denuncia de Foro Penal, tras el operativo la pareja permaneció desaparecida durante varios días, sin que sus familiares pudieran conocer su paradero ni los motivos de la detención.
Recién el 2 de diciembre de ese año habrían sido presentados ante un juez, instancia en la que fueron imputados por el delito de terrorismo, una figura penal utilizada de manera recurrente por el régimen chavista contra opositores, activistas y ciudadanos extranjeros.
Actualmente, Roberto Baldo —quien posee doble nacionalidad argentina y venezolana— se encontraría detenido en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa, en tanto, permanece recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle, en Caracas.
El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada a un sobre que fue dejado en la pizzería de Baldo y que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina. No se brindaron mayores precisiones oficiales sobre el contenido de ese envío ni sobre las pruebas que sostendrían la acusación.
Aunque el caso tuvo algunas menciones en la prensa española —debido a la nacionalidad de Espinosa Irbern—, el entorno familiar optó por mantener un bajo perfil y evitar la exposición pública. Desde la Cancillería argentina, en tanto, el tema se maneja con absoluto hermetismo y sin declaraciones oficiales.
El penal de Yare III, donde permanece detenido Baldo, está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas. En esa zona funcionan tres centros penitenciarios que han sido objeto de reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones especializadas y medios locales alertaron sobre condiciones extremas de detención, incluyendo aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, reveló que cerca de 300 internos fueron sometidos a regímenes de aislamiento total y que numerosos detenidos padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir atención médica adecuada. También se documentaron denuncias de torturas sistemáticas sostenidas durante meses.
Liberaciones parciales y la incertidumbre por los argentinos
Este lunes se confirmó la liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien había sido detenido el 4 de septiembre de 2024 y permaneció más de un año encarcelado en el penal de El Rodeo I. La confirmación fue realizada por la ONG Foro Penal, encargada de verificar las listas difundidas por el régimen chavista.
Según informó el gobierno venezolano, durante la madrugada del lunes fueron liberados 116 presos políticos. Sin embargo, Foro Penal logró confirmar por el momento apenas 50 nombres, entre los que figuran varios ciudadanos extranjeros.
Hasta el momento, no hubo novedades sobre la situación de Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Su madre describió el escenario como "desesperante" y aseguró que su hijo "quedó solo, totalmente solo allí", sin asistencia ni contacto con su familia, que permanece en la Argentina.
Tampoco se conocieron avances en el caso de Germán Darío Giuliani, abogado penalista detenido en mayo. Según sus redes sociales, Giuliani se encontraba en Venezuela desde mediados de abril y no fue arrestado al ingresar al país, a diferencia del gendarme Gallo.
Mientras se multiplican las denuncias internacionales, las familias de los argentinos detenidos continúan a la espera de respuestas concretas desde Caracas.