Los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviaron al Tribunal Oral Federal N° 2 el monto actualizado que deberán devolver los condenados en la causa conocida como Vialidad, entre quienes figura la ex presidenta Cristina Kirchner.
Según el informe, el perjuicio económico ocasionado al Estado asciende a 684.990.350.139,86 pesos, lo que equivale a más de 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Con la pericia terminada, el tribunal notificará a los condenados y les otorgará un plazo de 10 días hábiles para reintegrar el total establecido en concepto de decomiso. De no cumplirse el pago, se avanzará con la ejecución de bienes, lo que implica la subasta pública de propiedades y activos de los involucrados.
El caso Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 y actualmente está bajo análisis en instancias superiores.
La causa investigó el direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz a favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
El cálculo del dinero a devolver corresponde al monto del perjuicio económico causado al Estado por la corrupción en la obra pública, y su actualización se hizo con índices oficiales para reflejar la inflación acumulada desde los hechos investigados hasta la actualidad.
Qué pasará ahora
Tras recibir el informe pericial, el Tribunal Oral Federal N° 2 notificará a cada uno de los condenados, incluyendo a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros ex funcionarios. Tienen 10 días hábiles para pagar el monto del decomiso.
Si no lo hacen, la Justicia podrá iniciar el proceso de ejecución, que contempla el embargo y remate de bienes para cubrir la suma establecida como daño económico.
La cifra fijada por los peritos convierte al caso Vialidad en uno de los procesos de corrupción más costosos de la historia judicial argentina, tanto por el monto involucrado como por la magnitud política de sus protagonistas.