El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) ha emitido un informe en enero de 2026 que arroja luz sobre una realidad ineludible: Argentina atraviesa el nivel de encarcelamiento más alto del que se tenga registro. Al cierre de 2024, el país contabilizó un total de 121.443 personas privadas de la libertad, una cifra que no solo marca un récord, sino que expone una crisis de sobrepoblación estructural que desafía la capacidad de gestión de todas las jurisdicciones.
Lo que antes era una tendencia creciente se ha transformado en una aceleración crítica. Durante el último cuarto de siglo, la población penitenciaria creció a un promedio del 6% anual; sin embargo, en el último año este incremento se disparó al 7,1%. Esta velocidad supera ampliamente la creación de nuevas plazas, llevando la tasa de detenidos a 258 por cada 100.000 habitantes.
Radiografía del mapa carcelario nacional
La distribución del fenómeno es dispar, pero los grandes centros urbanos se encuentran en el ojo de la tormenta. Las provincias presentan realidades alarmantes en cuanto a su densidad carcelaria:
- Córdoba: lidera la estadística con 377 detenidos cada 100.000 habitantes.
- Santa Fe: ha registrado un crecimiento impresionante del 244,8% en la última década.
- Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe: se mantienen como los focos de mayor concentración.
- Santiago del Estero y Córdoba: han duplicado su número de internos en apenas nueve años.
A pesar de los intentos de gestión en Buenos Aires, Jujuy y Tucumán por ampliar la infraestructura, el informe advierte que las nuevas plazas se destinan mayoritariamente a trasladar detenidos desde comisarías, lo que impide una reducción efectiva del hacinamiento en el sistema troncal.
Un eje fundamental del análisis del CNPT es la condición jurídica de los internos. Actualmente, el 62% de la población carcelaria cuenta con una condena firme, mientras que el 37,3% permanece bajo proceso judicial sin una sentencia definitiva.
La disparidad provincial en este punto es extrema: mientras que en Neuquén casi la totalidad de los internos están condenados, en jurisdicciones como Formosa y Córdoba cerca de la mitad de los alojados aún esperan un fallo final. En cuanto al perfil delictivo, el sistema se desglosa de la siguiente manera:
- Robos y delitos contra la propiedad: 36,4% (mayoría absoluta).
- Delitos contra las personas.
- Delitos contra la integridad sexual.
El colapso operativo y la salud mental
La estadística más cruda del informe es el índice de ocupación: el sistema penitenciario nacional funciona hoy al 130,2% de su capacidad operativa. En términos prácticos, esto significa que existen 130 personas en espacios diseñados originalmente para 100.
Este escenario de saturación repercute directamente en la calidad de vida y en la atención de los internos, especialmente aquellos con necesidades de salud mental. Estas personas enfrentan condiciones de encierro bajo medidas de seguridad que el documento del CNPT señala como críticas, demandando una revisión urgente de las políticas de persecución penal y los mecanismos de reinserción en el país.