En un contexto de intenso debate sobre las políticas de seguridad y el tratamiento de la minoridad en conflicto con la ley, UNICEF ha fijado un posicionamiento contundente sobre la Justicia Penal Juvenil en Argentina. A través de un documento técnico y político difundido en febrero de 2026, el organismo internacional instó al país a avanzar en la sanción de una ley especializada que se encuentre estrictamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. La recomendación central es mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y abstenerse de cualquier intento de reducirla.

Una reforma basada en el debido proceso

Para UNICEF, la discusión no debe centrarse únicamente en la edad, sino en la calidad integral del sistema judicial. El organismo sostiene que cualquier reforma debe garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia para los adolescentes. La propuesta se fundamenta en la implementación de un esquema de sanciones graduales que no tengan un fin puramente punitivo, sino que estén orientadas a la prevención del delito y a evitar la reincidencia.

Este enfoque incorpora una perspectiva de justicia restaurativa y la reparación a las víctimas. En lugar de un sistema que se limite a la exclusión, se busca uno que repare el daño social causado, entendiendo que el adolescente es un sujeto en desarrollo. Según el organismo, una justicia moderna debe apoyarse en la evidencia científica para diseñar políticas integrales que realmente contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana a largo plazo.

El desarrollo cognitivo y las recomendaciones del Comité

Uno de los pilares del argumento de UNICEF reside en la biología y la psicología del desarrollo. El organismo citó al Comité de los Derechos del Niño, el cual advierte con claridad que entre los 12 y 13 años la madurez cognitiva aún se encuentra en pleno proceso de formación. Esta inmadurez biológica dificulta que los niños y adolescentes tengan una plena comprensión de las consecuencias de sus actos y, fundamentalmente, de la complejidad de los procedimientos penales a los que serían sometidos.

En este marco, UNICEF recordó las directrices globales del Comité que Argentina debe observar:

• Fijar la edad mínima de responsabilidad penal en al menos 14 años.
• Exhortar a los Estados que ya poseen una edad más alta —como es el caso de Argentina— a no reducirla "en ninguna circunstancia".
• Aprobar una ley general de justicia juvenil que sea plenamente compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Causas estructurales frente a la respuesta penal

El posicionamiento de UNICEF también pone el foco en la seguridad ciudadana como un derecho que debe garantizarse sin vulnerar los derechos de la infancia. El organismo señala que la respuesta penal es insuficiente si no contempla las causas estructurales que empujan a los adolescentes al delito. Entre estos factores críticos se mencionan el abandono escolar, los consumos problemáticos de sustancias, los entornos de violencia familiar y la captación por grupos criminales organizados.

Asimismo, el documento cuestiona duramente el uso habitual de la privación de la libertad. UNICEF advierte que el encierro genera entornos de violencia y, paradójicamente, mayores niveles de reincidencia. Para sustentar esta afirmación, citó estudios realizados en Estados Unidos, Chile y Argentina, los cuales demuestran que los adolescentes privados de su libertad presentan mayores dificultades para la reinserción social, educativa y laboral.

Estadísticas y el mito de la delincuencia juvenil

Frente a la percepción social sobre el aumento de la criminalidad adolescente, UNICEF aportó datos que ponen en perspectiva la realidad del sistema penal actual. Según cifras citadas por el organismo, la participación de adolescentes en delitos es notablemente reducida en comparación con la de los adultos:

• Investigaciones penales (2024): En la provincia de Buenos Aires, solo el 2% de las causas iniciadas correspondieron a personas menores de 18 años.
• Participación de adultos: El 98% de las investigaciones penales involucraron a personas mayores de edad.

Finalmente, el organismo concluyó que una justicia penal juvenil moderna, basada en derechos y políticas integrales, contribuye a reducir la reincidencia y prevenir nuevas víctimas. El camino hacia una sociedad más segura no reside en el endurecimiento de las penas para los menores, sino en priorizar medidas no judiciales y alternativas a la privación de la libertad que garanticen una reinserción real.