Este miércoles los estudiantes, docentes y autoridades de todas las universidades públicas del país se concentrarán para marchar en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso. En este contexto, la UNCa confirmó no solo, como ya se dijo, que se sumará a la Marcha Federal Universitaria, sino que le puso horario y recorrido a la protesta que se concretará este miércoles.
Como ya se había mencionado, la concentración será en la ENET n° 1 a las 17.30 hs y desde allí la manifestación recorrerá República, Junín y desde allí tomará por Avda. Belgrano hasta llegar a la sede de la UNCa, donde en la explanada se realizará el acto. De esta manera, la comunidad universitaria local alzará las consignas que incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, pilares esenciales para garantizar el acceso a la educación de calidad en el país.
La adhesión a esta manifestación de parte de la universidad fue decidido por unanimidad en el Consejo Superior, según lo comunicó la Dra Elina Silvera de Buenader, vicerrectora de la casa de estudios, quien señaló al momento de confirmar esto, que la universidad pública es la que da una solución al desarrollo y crecimiento de la provincia. Luego apuntó, ene l diálogo que mantuvo con una emisora local que la aspiración es que la manifestación de este miércoles sea tan masiva como la del 23 de abril. "Desde ya que estamos convocando a toda la comunidad".
Por su parte, Oscar Arellano, rector de la UNCa en las últimas horas se mostró activo no solo promoviendo esta protesta sino que también, respondiendo a los polémicos dichos del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien acusó a las universidades de "inventar alumnos" para justificar los fondos que le exigen al Ejecutivo.
La Ley y el veto
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios.
La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI". En cuanto se aprobó la norma, el presidente Milei anticipó un "veto total" en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para definir el veto. Desde las universidades, los gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) vienen reclamando que no lo haga.
