El fiscal en la causa de Konstantin Rudnev — disidente ruso, actualmente detenido en una prisión argentina bajo prisión preventiva —, Óscar Fernando Arrigo, declaró en una reciente entrevista con el medio La Voz su intención de recalificar la acusación y presentar el caso como actividad de una «organización criminal». Bajo esta formulación, según el fiscal, podrían quedar incluidos no solo el propio Rudnev, sino también varias mujeres detenidas junto a él durante un mismo operativo.
El enfoque anunciado ya ha generado serias preguntas por parte de la defensa y de observadores independientes. Se trata de un intento de construir una acusación bajo el principio de responsabilidad colectiva — sin vínculos confirmados entre los implicados y sin pruebas directas de la existencia de alguna estructura organizada —. Según señalan expertos, una lógica similar fue ampliamente utilizada en Rusia y en otras jurisdicciones autoritarias, donde las acusaciones masivas a menudo sustituyen una investigación completa.
Anteriormente, el medio argentino El Cordillerano y la revista internacional Bitter Winter publicaron declaraciones oficiales de las mujeres detenidas junto a Rudnev. En esos materiales, cada una de ellas afirmó de manera inequívoca que no conoce a Konstantin Rudnev, que no forma parte de ninguna organización y que lleva una vida propia e independiente. Ninguna confirmó la existencia de algún grupo o estructura jerárquica.
"Estas mujeres (entre ellas una médica, una traductora, una magister en antropología social con estudios en literatura, una psicóloga clínica, una diseñadora web, una graduada en Ciencias Económicas especializada en mercadotecnia y relaciones internacionales, una abogada y una analista de sistemas) fueron consideradas "vulnerables" de manera genérica y ambigua, sin individualizar quién ni por qué razón podría ser considerada así."
Además, la mujer que inicialmente fue presentada en el espacio público como «víctima» declaró posteriormente de manera oficial que no acusa a Konstantin Rudnev de nada.
En su última entrevista con TN, Elena Makarova continúa insistiendo en el cierre de la causa. «Me impusieron la etiqueta de víctima, pese a mis protestas», afirmó, exigiendo la liberación de las mujeres detenidas, a quienes considera participantes circunstanciales de la situación, al igual que ella misma.
Un contexto adicional al caso lo aporta una publicación del medio argentino Diario Núcleo, según la cual las personas que más activamente promueven narrativas acusatorias contra Konstantin Rudnev podrían estar vinculadas con los servicios especiales rusos — el FSB —. Según los periodistas, se trataría de una campaña de desinformación de larga data que se desarrolla en su contra desde hace más de 25 años.
Entre los difusores más activos de las acusaciones se mencionan a María Rizhko, Natalia Koksharova, Larisa Soboleva, Elena Porotikova, Elena Zajarova, así como Elina Rakhmatullina, quien anteriormente apareció en contextos relacionados con fraude y robo. Según las fuentes, estas personas actúan regularmente como supuestos «expertos» y testigos, repitiendo las mismas acusaciones sin presentar hechos verificables.
La esposa de Konstantin Rudnev expresó públicamente su preocupación de que la investigación argentina pueda apoyarse en este tipo de fuentes. «A Konstantin lo persiguen en internet desde hace más de 25 años, repitiendo lo mismo...
Y durante todo ese tiempo no apareció ni una sola prueba de su culpabilidad», afirmó.
Según sus palabras, el mecanismo de descrédito está instalado desde hace tiempo: «Estas personas — trolls, blogueros pagos o contratados — repiten la misma mentira durante tanto tiempo que nadie ya se pregunta si es verdad. Como si una mentira repetida muchas veces ya no necesitara pruebas».
Una preocupación especial para la familia es la información sobre los planes de la fiscalía de utilizar este tipo de declaraciones como base de la acusación. «Supimos que el fiscal Fernando Arrigo planea construir una acusación por asociación criminal basándose en declaraciones de "expertos" de Rusia y de trolls. Estamos seguros de que, como antes, todo se construirá sobre imágenes llamativas sin pruebas. Nadie en su sano juicio va a creer declaraciones provenientes de Rusia», subrayó.
Por separado, la esposa de Rudnev trazó un paralelismo con prácticas bien conocidas en la realidad rusa contemporánea: «Ustedes saben que en Rusia hubo personas condenadas a prisión simplemente por estar juntas en una parada de colectivo. La policía lo llamaba "manifestación no autorizada". ¡Lo digo en serio! Y pensé que nunca más me encontraría con algo tan absurdo, pero aquí, en Argentina, un país civilizado, mi marido enfrenta algo parecido».
Juristas y defensores de derechos humanos señalan que la prueba clave para el sistema judicial argentino en este caso será la capacidad de separar los hechos de las narrativas, y las pruebas de las acusaciones repetidas múltiples veces. El principio de responsabilidad individual, la presunción de inocencia y la evaluación crítica de las fuentes de información son elementos fundamentales de un Estado de derecho.
En un contexto donde la sociedad argentina posee un alto nivel de cultura jurídica y pensamiento crítico, los intentos de trasladar a la práctica judicial nacional esquemas de acusaciones masivas y de «delitos grupales» no demostrables difícilmente pasarán desapercibidos. La cuestión no es la intensidad de las acusaciones, sino su comprobabilidad — y es precisamente este criterio, como subrayan los observadores, el que resultará decisivo.
