Un proyecto de ley que comenzó a debatirse en el Congreso propone la creación de una nueva línea de créditos de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de hasta $1,5 millones por persona, destinada a aliviar el sobreendeudamiento en sectores de menores ingresos. La medida, que podría impactar también en provincias como Catamarca, aún no fue aprobada y continúa en tratamiento legislativo.
A diferencia de otros programas de financiamiento, la iniciativa establece que los fondos no podrán utilizarse libremente. Según el texto, el dinero deberá destinarse exclusivamente a cancelar deudas existentes con bancos, tarjetas de crédito u otras entidades financieras.
Para garantizar ese objetivo, el esquema prevé que el monto no sea depositado en la cuenta del beneficiario. En cambio, la ANSES transferirá directamente los fondos a la entidad acreedora correspondiente.
El universo potencial de beneficiarios incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A, B, C y D. Se estima que cerca de 10 millones de personas podrían acceder a esta línea.
El proyecto fija un tope de $1,5 millones por crédito, con actualización automática en función del salario mínimo. La tasa de interés estaría vinculada a la TAMAR más 10 puntos, lo que la ubicaría por debajo de los niveles del sistema financiero. Además, establece que la cuota no podrá superar el 30% del ingreso mensual del solicitante, con el objetivo de evitar un nuevo ciclo de endeudamiento.
El trámite sería completamente digital, a través de la plataforma Mi ANSES. Allí, los usuarios deberán presentar documentación que respalde sus deudas, mientras que el sistema contará con controles automáticos para verificar el destino de los fondos. El esquema no contemplaría intermediarios ni gestores.
En cuanto a los plazos, la iniciativa aún no cuenta con aprobación parlamentaria. De avanzar en el Congreso, podría obtener media sanción en la Cámara de Diputados durante marzo, ser tratada en el Senado entre abril y mayo, y eventualmente entrar en vigencia en el segundo semestre de 2026.
Desde el Gobierno nacional ya manifestaron objeciones al proyecto, en particular por el posible uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que deja abierta la incertidumbre sobre su implementación.