En un contexto marcado por los incendios forestales que afectan amplias zonas de la Patagonia y otras regiones del país, y luego de recibir críticas por los ajustes aplicados en distintas áreas del Estado, el Gobierno nacional dispuso la transferencia de $120.000 millones en concepto de subsidios para los bomberos voluntarios. La medida alcanza a más de 1.000 asociaciones de primer grado habilitadas en todo el territorio argentino y busca reforzar la capacidad operativa de los cuarteles frente a situaciones de emergencia.
La decisión fue instrumentada a través del Ministerio de Seguridad Nacional, que estableció que cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado recibirá un monto de $94.924.971,75. Los fondos estarán destinados principalmente a la compra de equipamiento, materiales de protección personal y al mantenimiento de las unidades operativas, recursos clave para garantizar la seguridad y eficacia de las intervenciones en incendios forestales, accidentes y otros siniestros.
El esquema de financiamiento no se limita únicamente a las asociaciones de base, sino que también contempla partidas específicas para las entidades de segundo grado. En este sentido, las federaciones provinciales de bomberos voluntarios percibirán dos transferencias de $7.754.639.995,93 cada una. La distribución de estos montos se realizará de manera proporcional, de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas en cada jurisdicción.
Según se detalló, estos recursos estarán destinados a cubrir gastos de funcionamiento institucional, tareas de representación y acciones de capacitación para los integrantes de los cuerpos de bomberos, un aspecto considerado central para la formación continua y la profesionalización del sistema.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial y difundida por la agencia Noticias Argentinas. El texto normativo establece que los pagos se efectuarán de manera trimestral y serán canalizados a través del Banco de la Nación Argentina.
No obstante, la transferencia de los fondos estará sujeta a dos condiciones centrales: por un lado, a los ingresos efectivamente registrados en la cuenta recaudadora correspondiente y, por otro, al cumplimiento de las obligaciones administrativas exigidas a cada institución beneficiaria. De esta manera, el Gobierno busca asegurar un control sobre la asignación y utilización de los recursos.
La normativa también prevé asignaciones para las organizaciones de tercer grado y para la autoridad de aplicación. En ese marco, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirá un total de $7.754.640.000 destinados a la Academia Nacional de Capacitación, además de $2.584.880.000 para afrontar gastos operativos.
Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contará con un presupuesto de $2.584.880.009,64, que será utilizado para tareas de fiscalización, formación de instructores y adquisición de equipamiento de alcance regional, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.
En materia de transparencia y control, la resolución establece que todas las entidades beneficiarias deberán identificar los bienes muebles e inmuebles adquiridos con estos fondos mediante placas o ploteos visibles que incluyan la leyenda "Subsidio Nacional Ley N° 25.054". Esta obligación apunta a garantizar la trazabilidad de los recursos públicos.
Asimismo, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de supervisar que las inversiones se ajusten estrictamente a los fines establecidos. En caso de detectarse irregularidades o anomalías en las rendiciones de cuentas digitales, el organismo podrá suspender los pagos hasta que la situación sea regularizada.
La medida se conoce en un escenario de alta demanda operativa para los bomberos voluntarios, especialmente por los incendios forestales que continúan afectando distintas regiones del país, y reabre el debate sobre el financiamiento y el sostenimiento del sistema de emergencias en Argentina.
