El Gobierno nacional informó que las cuentas públicas registraron superávit durante septiembre y sostuvo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada marcada por la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de docentes, estudiantes y rectores frente al Congreso de la Nación.
«Milei, cumplí la ley», fue la consigna que dominó las pancartas de la movilización, cuyo reclamo central fue la aplicación de la norma de financiamiento universitario. En ese contexto, el Ministerio de Economía difundió el resultado fiscal del mes y dedicó un apartado específico a las transferencias destinadas a las casas de estudio, al señalar que los recursos enviados aumentaron en términos nominales y reales.
Según el informe oficial, las transferencias a las universidades crecieron un 42,4% interanual. El Ministerio sostuvo que esa evolución «refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025».
Sin embargo, el análisis de las cifras exige distinguir entre el incremento interanual y la evolución acumulada de los recursos. La suba nominal se produjo en un contexto de inflación del 33,4% durante los últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Descontado ese efecto, el aumento real de las transferencias universitarias fue del 6,7%.
Durante septiembre, el Tesoro giró $538.772 millones a las universidades. En los primeros nueve meses del año, las transferencias acumuladas alcanzaron los $4,1 billones.
La presentación oficial del Gobierno coincidió así con una jornada de fuerte exposición pública del conflicto universitario. Mientras el Ministerio de Economía destacó el cumplimiento de los acuerdos, la movilización frente al Congreso puso de manifiesto que el financiamiento de las instituciones educativas continúa siendo un eje de disputa.
El financiamiento por estudiante más bajo desde 2004
El aumento registrado en septiembre no modifica, por sí solo, la tendencia que muestran los recursos universitarios en una perspectiva de varios años. De acuerdo con un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elaborado sobre la base del presupuesto ejecutado entre enero y septiembre de cada año, las universidades nacionales llevan tres años consecutivos con el financiamiento por estudiante más bajo desde 2004.
En 2026, los recursos por alumno suman $2,29 millones, expresados a precios de septiembre de este año. La cifra representa una disminución del 30,2% respecto de los $3,28 millones registrados en 2023.
La caída también se observa al considerar el financiamiento universitario total. Según el relevamiento, los recursos destinados a las instituciones disminuyeron un 28,4% durante el mismo período. Además, 55 de las 57 universidades nacionales registraron una reducción real de sus fondos en comparación con 2023.
Los principales indicadores del relevamiento son los siguientes:
Financiamiento por estudiante en 2026: $2,29 millones, a precios de septiembre.
Financiamiento por estudiante en 2023: $3,28 millones, a precios de septiembre de 2026.
Variación real por alumno entre 2023 y 2026: caída del 30,2%.
Variación del financiamiento total en el mismo período: disminución del 28,4%.
Universidades nacionales con reducción real de fondos: 55 de un total de 57.
Evolución histórica: tres años con el financiamiento por estudiante más bajo desde 2004.
Estos datos permiten observar la diferencia entre una mejora interanual de las transferencias y la recuperación de los niveles de financiamiento perdidos en años anteriores. Aunque septiembre mostró una variación real positiva para las universidades, el indicador por estudiante continúa por debajo del registrado en 2023.
El equilibrio fiscal como eje del programa económico
El resultado de septiembre se inscribe en una estrategia económica que mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como uno de sus principales objetivos. El superávit fiscal funciona como ancla del programa económico y como base de la estabilidad, en un esquema que permitió terminar con la emisión monetaria y reducir la inflación, aunque con costos asociados al ajuste del gasto público.
Durante septiembre, el Estado obtuvo un superávit primario de $1,43 billones, es decir, un resultado positivo antes del pago de los intereses de la deuda. Una vez descontados los intereses, que ascendieron a $450.467 millones, el resultado financiero también fue superavitario.
El saldo financiero alcanzó los $977.173 millones, una cifra que representó un incremento real del 137% frente al resultado de septiembre del año anterior.
La evolución de las cuentas públicas también mostró números positivos para el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. En ese período, el fisco registró un superávit primario de $13,7 billones, equivalente al 1,2% del producto bruto interno (PBI), y un superávit financiero de $3,3 billones, cercano al 0,3% del producto.
No obstante, dentro de esos resultados se incluye un ingreso extraordinario por $1,04 billones correspondiente a la venta de acciones de las centrales hidroeléctricas. Se trata de un ingreso por única vez que equivale a casi un tercio del superávit financiero acumulado durante el período.
El dato introduce una diferencia relevante entre los recursos habituales y los ingresos extraordinarios utilizados para integrar el resultado fiscal. La venta de acciones contribuyó de manera significativa al saldo financiero de los primeros nueve meses, aunque no constituye un ingreso recurrente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la evolución de las cuentas públicas a través de la red social X. «Este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2,8 billones», señaló.
Los ingresos mejoraron, pero el gasto siguió ajustándose
La continuidad del superávit depende, en buena medida, de la relación entre los ingresos del Estado y sus erogaciones. En los últimos meses, los recursos públicos no habían logrado mejorar de manera sostenida y perdieron frente a la inflación, una situación que obligó al fisco a profundizar el ajuste del gasto.
Septiembre mostró una recuperación moderada de los ingresos. La recaudación total alcanzó los $15,9 billones, con un incremento nominal del 36,5% interanual. Descontada la inflación, esto representó una mejora real del 2,3%. Los recursos tributarios avanzaron un 37,2% interanual, lo que significó un crecimiento real del 2,8%, por encima de la inflación considerada para el período.
El gasto primario, por su parte, ascendió a $14,5 billones. La cifra representó un aumento nominal del 32,2%, pero una caída real del 0,9%.
La diferencia entre la evolución de los ingresos y la del gasto permitió sostener el resultado positivo de las cuentas públicas. Sin embargo, el comportamiento de las distintas partidas presupuestarias muestra que el ajuste no se distribuyó de manera uniforme. Mientras algunas transferencias crecieron por encima de la inflación, otras áreas registraron reducciones reales que afectaron las prestaciones sociales, el funcionamiento de la administración pública y la inversión estatal.
Recortes generales y mayores recursos para las provincias
El mayor ajuste de septiembre se concentró en las transferencias corrientes, que aumentaron un 17,1% en términos nominales, pero disminuyeron un 12,2% en términos reales. El comportamiento general de esta partida se produjo pese al incremento de los fondos destinados a las universidades.
Las provincias constituyeron una excepción dentro de esa tendencia. En septiembre recibieron $312.949 millones en transferencias corrientes, un 65,6% más que en el mismo mes del año anterior. Descontada la inflación, el aumento real fue del 24,2%.
Si se incorporan las transferencias de capital, los envíos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $361.486 millones, con un incremento real del 28%.
Las cifras muestran que, en el mismo período en que las transferencias corrientes experimentaron una caída real en términos generales, los recursos destinados a las jurisdicciones provinciales y a la ciudad de Buenos Aires registraron aumentos por encima de la inflación.
Jubilaciones y prestaciones sociales
Las prestaciones sociales constituyen el componente más importante del gasto público. En septiembre, esta partida sumó $9,1 billones, equivalentes al 63% del gasto primario.
Aunque el monto aumentó un 29% interanual en términos nominales, la variación quedó por debajo de la inflación y se tradujo en una caída real del 3,3%. Dentro de ese conjunto se encuentran las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones. Las prestaciones de la seguridad social, que incluyen jubilaciones y pensiones, demandaron específicamente $6,6 billones durante septiembre.
Por su magnitud dentro del presupuesto, la evolución de las prestaciones sociales resulta determinante para comprender la composición del gasto estatal. El incremento nominal de los montos desembolsados no impidió que su capacidad de compra disminuyera frente al aumento de los precios.
En términos generales, el resultado fiscal positivo convivió así con una reducción real de los recursos destinados a una de las principales áreas del presupuesto nacional.
Subsidios económicos
Los subsidios económicos alcanzaron los $1,26 billones durante septiembre. La partida registró un aumento nominal del 29,8%, pero quedó 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
Sin embargo, el comportamiento de los subsidios presentó diferencias importantes según el destino de los fondos. Mientras el promedio general mostró una caída real, los subsidios energéticos registraron una evolución positiva. Estos últimos crecieron un 44,1% interanual, lo que representó un incremento real del 8%.
El informe atribuyó este comportamiento a la decisión del Gobierno de amortiguar el impacto en los usuarios residenciales del salto en el precio del gas, asociado a los conflictos en Medio Oriente. De esta manera, la evolución de los subsidios energéticos contrastó con la reducción real observada en el conjunto de la partida. La decisión de contener el impacto del encarecimiento del gas sobre los hogares se reflejó en una asignación de recursos que creció por encima de la inflación.
Salarios públicos e inversión estatal
El gasto de funcionamiento del Estado también registró una disminución real. Durante septiembre, las remuneraciones de los empleados públicos sumaron $1,67 billones, con un incremento nominal del 32,1%, un punto porcentual por debajo de la inflación.
Si se consideran conjuntamente los salarios y las compras de bienes y servicios, el funcionamiento de la administración pública demandó $2,4 billones durante el mes. La inversión estatal también mostró una contracción. El gasto de capital alcanzó los $561.025 millones y registró una caída real del 13%.
Los recursos destinados a esta partida se concentraron en Defensa y en la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.
El comportamiento de estas partidas permite identificar otras áreas en las que el gasto público perdió frente a la inflación. A diferencia de los subsidios energéticos, que aumentaron en términos reales, las remuneraciones de los empleados públicos y la inversión de capital registraron retrocesos en su capacidad de compra.