El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado para la obra pública y la provisión de bienes y servicios, con el objetivo de impedir la participación de empresas vinculadas a hechos de corrupción. La medida, formalizada a través del decreto 5 publicado este martes en el Boletín Oficial, amplía las restricciones vigentes y alcanza a firmas con "conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas".

A partir de estos cambios, los organismos estatales deberán evaluar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no integren las listas de empresas inhabilitadas elaboradas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un requisito que impactará en los procesos de contratación de obras y servicios en todo el país, incluida la provincia de Catamarca.

Desde el Ejecutivo subrayaron que la contratación pública "debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas", y señalaron que hasta el momento "no es posible corroborar en ocasión" las listas de inhabilitados de los organismos multilaterales, motivo por el cual se avanzó con la modificación normativa.

En el texto del decreto, el Gobierno sostuvo que "la República Argentina debe adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión", al tiempo que remarcó que la corrupción "deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo".

Además, destacó el rol del Estado en la implementación de medidas para "disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional", las cuales pueden ser de carácter penal, civil o administrativo, incluyendo la exclusión, inhabilitación o inelegibilidad de empresas en los procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos.

Privatizaciones en marcha y nuevo escenario para las provincias

La modificación del régimen de contrataciones se da en paralelo al avance de la agenda de privatizaciones del Gobierno nacional para el inicio de 2026, un proceso que también puede tener impacto indirecto en economías regionales y provincias como Catamarca.

Según informó TN, a fines de 2025 el Ejecutivo abrió el concurso para la venta de las acciones que controlan Transener, la principal transportadora de energía del país, en un paso clave hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.

También avanza la segunda etapa de concesión de las rutas nacionales, correspondiente al tramo 2, que incluye las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de sectores de las rutas 3 y 5. El próximo 6 de febrero se conocerán las ofertas por más de 1.800 kilómetros actualmente operados por Corredores Viales.

En cuanto a la hidrovía, ya se publicaron los pliegos para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal, con un período de consultas en curso y apertura de sobres prevista para el 27 de febrero.

A esta lista se suman AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, que forman parte de la agenda de privatizaciones de la gestión de Javier Milei para los próximos meses, en un contexto de reconfiguración del rol del Estado y de las reglas de juego para la contratación pública.