El Gobierno nacional dispuso la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que comenzará a regir desde este jueves 15 de enero y que, según estimaciones oficiales, podría traducirse en una baja significativa en los precios finales de estos dispositivos.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 333/2025, publicado el 14 de mayo del año pasado, y se enmarca en un proceso de reducción progresiva de los derechos de importación aplicados a los celulares. En una primera etapa, el arancel había sido reducido al 9,5%, para luego ubicarse en torno al 8% desde mediados de mayo de 2025. Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, ese gravamen se elimina por completo.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca mejorar las condiciones de oferta en el mercado, fomentar la competencia y facilitar el acceso de los consumidores a bienes tecnológicos. En ese sentido, el decreto destaca que la eliminación del arancel "mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico", según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno confía en que la quita del arancel permitirá reducir la brecha de precios entre la Argentina y otros países de la región, donde los teléfonos celulares suelen comercializarse a valores más bajos. Incluso, fuentes oficiales estiman que, en un escenario de mayor competencia, los precios finales podrían registrar un descenso de hasta el 30%, aunque reconocen que ese impacto dependerá de la evolución de los costos, el tipo de cambio y las decisiones comerciales de las empresas del sector.
Sin embargo, la medida genera un fuerte impacto sobre la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, uno de los polos productivos más importantes del país en materia de ensamblado de celulares y otros dispositivos tecnológicos. Desde ese sector advirtieron que la eliminación del arancel pone en riesgo la competitividad de la producción local frente a los productos importados.
En ese contexto, la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) expresó su profunda preocupación por la decisión del Gobierno. "Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación", sostuvo el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares.
El dirigente sindical recordó que durante 2025 la UOM llevó adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las fábricas de Río Grande, en rechazo a medidas del Ejecutivo vinculadas a la apertura de importaciones. En aquel momento, el sindicato había advertido que la eliminación de aranceles "afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia".
Linares subrayó además la relevancia del régimen industrial fueguino para la economía local. Según detalló, ese esquema representa aproximadamente el 78% de la economía provincial y la industria electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo directos. El régimen, creado en 1972, establece exenciones impositivas a nivel nacional con el objetivo de promover el desarrollo productivo y poblacional en Tierra del Fuego.
Con la entrada en vigencia del arancel cero, los celulares importados dejarán de tributar la tasa aduanera que regía hasta ahora. Desde el Gobierno insistieron en que la medida apunta a intensificar la competencia en el mercado, reducir precios y ampliar el acceso a la tecnología, en línea con una estrategia más amplia de apertura comercial y desregulación económica.
Mientras tanto, el mercado y los consumidores seguirán de cerca la evolución de los precios en las próximas semanas, en un escenario que vuelve a poner en debate el equilibrio entre la promoción de la producción nacional y el acceso a bienes tecnológicos a menor costo.