Luego de la sentencia adversa contra el Estado por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones, los abogados solicitaron una conferencia con la jueza Loretta Preska para evitar el depósito de garantía previo a la apelación.
Burford Capital, el fondo que ganó el caso, reclamó a la magistrada que habilite embargos de bienes argentinos a partir del 16 de octubre. Para evitar esa medida, la Argentina debía depositar ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).
Los abogados que representan al Estado, adujeron que “la garantía que nos piden depositar para evitar embargos equivale al 20% del presupuesto y la Ley Argentina impide realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el corriente año fiscal”.
“El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía y abonar la garantía causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, advirtieron.
El escrito fue compartido por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso, a través de su cuenta en X.
Los argumentos de los abogados de la Argentina
La defensa argentina le pidió a Preska que exima al país de ese paso mientras continúa con la apelación del fallo, por no estar en condiciones de depositar la garantía. Los argumentos de la Argentina, en líneas generales, son dos: que Burford no respeta el período razonable para la ejecución del fallo y que generaría problemas económicos para el país.
“El intento de los demandantes de 'acelerar el inicio' de los procedimientos de ejecución debe ser rechazado, particularmente a la luz de la moción anticipada de la República Argentina de suspender la ejecución de la enorme sentencia en este caso”, inició el pedido para la jueza.
La Argentina consideró que el pedido de Burford Capital “es prematuro” y aseguró que “desperdiciaría recursos judiciales y de las partes”. Por ello, los representantes legales dijeron que el país “espera suspender la ejecución de la sentencia sin garantía”. Además, el documento resalta que la ejecución inmediata contra la Argentina de una sentencia de US$16.000 millones “generaría litigios innecesarios y caóticos”.
A la vez, señalaron que Burford Capital no identificó ningún bien de la Argentina en los Estados Unidos que pudiera estar sujeto a embargo. “El Tribunal no haría más que poner en marcha procedimientos de cobro prolongados e innecesarios en los Estados Unidos que podrían realizarse a expensas de 'otros acreedores'”.
Desde la defensa también apuntaron contra Burford Capital en caso de que la Argentina gane la apelación. Según expresaron en el pedido, “sus activos están dispersos por todo el mundo y entre partes desconocidas”.
“Burford Capital ha vendido el 38,75% de su participación en estos casos a terceros inversores cuya identidad ni siquiera ha sido revelada. No hay certeza de que algún pago por la sentencia, una vez dictada, pueda recuperarse”, aseguraron.
El Gobierno planteó que “los principios de economía” favorecen un posible aplazamiento del embargo que solicitó Burford Capital a partir del 16 de octubre. Consideran que los 30 días entre la sentencia que dictó la jueza Preska y este pedido del fondo no constituyen “un período razonable”.
“El período de 30 días solicitado por Burford Capital es mucho más corto de lo que el tribunal generalmente considera 'razonable' para comenzar la ejecución de una sentencia contra un soberano. El tribunal suele esperar al menos 'hasta que hayan transcurrido varios meses' antes de emitir una orden”, cerraron.
