La decisión del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, de postergar la aplicación de la nueva encuesta para medir la inflación reavivó el debate sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y dejó al descubierto el atraso estructural del método que utiliza la Argentina para calcular el índice de precios, una variable clave para la economía nacional y también para las provincias, como Catamarca, donde el costo de vida y las tarifas tienen un peso determinante en los ingresos de los hogares.
La medida, que derivó en la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC, generó inquietud no solo por la intervención política en el organismo, sino también por la vigencia de un sistema de medición basado en patrones de consumo que ya no reflejan la realidad actual.
Una canasta basada en hábitos de hace dos décadas
El método que continúa utilizándose —y que seguirá vigente sin fecha de actualización confirmada— elabora el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de una canasta de bienes y servicios construida sobre la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05. Esa base toma como referencia consumos predominantes de hace más de 20 años, como servicios postales, telefonía fija o fax, hoy marginales frente al peso creciente de la vivienda, el transporte y las comunicaciones.
El objetivo inicial del Gobierno era publicar el índice de inflación de enero, que se difundirá este martes 10 de febrero, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, con ponderadores más actualizados. Esa metodología otorgaba mayor incidencia a los gastos en servicios esenciales, especialmente relevantes en provincias del interior, donde los ajustes tarifarios tienen un impacto directo sobre el ingreso disponible.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplazar su implementación. Incluso, el propio Caputo anticipó la intención de realizar una nueva encuesta desde cero, un proceso que podría demorar varios años.
Argentina, la más atrasada de la región
La decisión de mantener la encuesta de 2004/05 deja a la Argentina rezagada frente a los países de la región en términos de actualización estadística. Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señala que Brasil y Paraguay utilizan estructuras de ponderadores de 2017; Colombia y México, de 2018; Uruguay, de 2022; y Chile, de 2023.
De este modo, la Argentina se convierte en el país con la base más desactualizada para medir la inflación. Incluso si hubiera avanzado con la actualización de 2017, seguiría por detrás de sus pares regionales.
"El año base argentino (2004) quedó lejos de sus pares, cuyo promedio es 2019, con Chile y Uruguay como los únicos con actualizaciones pospandemia", advierte el documento. Y agrega que este escenario dificulta la comparación internacional, especialmente en un contexto donde "en tres meses los precios en la Argentina suben más que en un año en Brasil, Chile o Uruguay".
El efecto sobre el gasto público y las prestaciones
La forma en que se mide la inflación no es un dato menor. El IPC impacta directamente sobre el gasto público, ya que se utiliza para actualizar jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y títulos ajustados por CER, variables que también inciden en los presupuestos provinciales y municipales.
Según estimaciones del Banco Provincia, el Estado Nacional se ahorraría cerca de $5 billones por la menor actualización de prestaciones sociales y por los menores pagos asociados a los títulos públicos indexados. Ese monto representa casi el 0,5% del PBI y supera el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero.
En la misma línea, desde la consultora LCG advirtieron que reconocer una inflación más alta tendría un impacto directo sobre el gasto sujeto a movilidad, que representa el 48% del gasto primario, lo que obligaría a profundizar el ajuste en otras partidas.
Si bien los economistas no proyectan diferencias significativas en el índice de enero, advierten que con los aumentos de tarifas previstos para los próximos meses, las brechas entre ambas metodologías podrían ampliarse.
"Nuestra proyección de inflación de enero es de 2,3% mensual con la metodología actual y de 2,4% con la actualizada. En febrero, con el ajuste de tarifas de servicios públicos, la diferencia volvería a incrementarse y se ampliará a medida que continúe la recomposición", señalaron desde LCG.