Un bloque plural de diputados presentó en enero de 2026 un proyecto de ley para que los Créditos ANSES vuelvan a estar disponibles, luego de haber sido eliminados por decreto el año pasado. La iniciativa busca crear un sistema de préstamos orientado al alivio financiero de los sectores más vulnerables.
El programa, encabezado por figuras como Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto y Natalia de la Sota, se denomina "Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas" y propone que el Estado actúe como refinanciador de deudas de alto costo.
Cómo serían los nuevos Créditos ANSES 2026
Según el proyecto, la ANSES otorgaría préstamos de hasta $1.500.000, monto que se ajustaría semestralmente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El objetivo principal no sería el consumo libre, sino permitir que los beneficiarios puedan cancelar deudas bancarias o de tarjetas de crédito en condiciones más accesibles.
Al solicitar el crédito, el titular deberá informar a qué entidad le debe dinero y la ANSES transferirá directamente los fondos para saldar esa obligación.
Quiénes podrían acceder al beneficio
El universo potencial alcanzaría a unas 15 millones de personas. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:
Jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos
Trabajadores formales con sueldos de hasta seis SMVM
Monotributistas de categorías A a D
Titulares de AUH y Asignación por Embarazo
Personal de casas particulares
Por el momento, ANSES no habilitó formularios ni inscripciones.
Condiciones y funcionamiento del programa
El esquema propone un mecanismo directo para evitar el uso del dinero con otros fines. La devolución se realizaría en cuotas descontadas automáticamente del ingreso del titular. La tasa sería TAMAR + 10 puntos, significativamente menor que la de tarjetas o fintechs. Además, la cuota no podría superar el 30% del ingreso neto.
El rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
El financiamiento saldría de los activos del FGS, que actuaría como respaldo. Los autores sostienen que no se trata de un gasto, sino de una inversión con impacto social, en un contexto donde el 93% de los hogares registra algún tipo de deuda.
El debate formal comenzaría en marzo de 2026, con el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso.