En medio de una fuerte controversia por la transparencia de las estadísticas oficiales, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó que el gobierno de Javier Milei no utilizará el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que había sido elaborado durante la gestión de Marco Lavagna. El argumento central del funcionario es que dicha metodología quedó "desactualizada" antes de nacer, debido a que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2017 y 2018.

Según explicó Caputo en una entrevista, los patrones de comportamiento de consumo de la sociedad argentina han mutado drásticamente en los últimos años. El ministro señaló que "en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas" y aventuró que, probablemente, los consumos de hoy difieren más de los de 2018 que los de aquel año respecto a periodos anteriores. De esta manera, el Palacio de Hacienda justifica el archivo de un trabajo de años para continuar con la estructura vigente desde hace dos décadas.

Esta decisión busca cerrar el escándalo derivado de las denuncias por supuesta manipulación de datos en el Indec, que culminaron recientemente con la renuncia de Marco Lavagna. Sin embargo, la determinación de no innovar en el índice choca de frente con las metas acordadas con organismos internacionales. El propio gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a actualizar el sistema de medición.

La gravedad del retroceso metodológico fue subrayada por el exviceministro Joaquín Cottani, quien reveló que el organismo multilateral incluso financió "con un programa de asistencia técnica la revisión del índice". A pesar de contar con este apoyo financiero y técnico, el Gobierno ha decidido postergar la actualización sin establecer una fecha cierta para un nuevo IPC, bajo la premisa de que es preferible seguir con la encuesta de 2004, aun cuando el FMI sigue de cerca la transparencia estadística del país.

Los productos "insólitos" de la canasta vigente

Lo paradójico del planteo oficial es que, para evitar un índice "viejo" de 2018, se ha optado por mantener uno basado en información de hace 22 años. En 2004, por citar ejemplos del contexto temporal, el presidente Javier Milei tenía apenas 23 años y el ministro Caputo contaba con 28. Esto implica que la inflación oficial en Argentina se rige por hábitos de consumo de una era tecnológica ya superada.

Entre los productos y servicios que todavía integran la canasta del Indec y que el Gobierno defiende por sobre la versión de Lavagna, se encuentran:

• Tecnología obsoleta: El índice releva precios de aparatos de fax, VHS, disketes y CD vírgenes.
• Comunicaciones de otra época: Se incluyen teléfonos fijos, llamadas en locutorios y contestadores automáticos.
• Servicios y ocio: La canasta mide el costo del revelado de fotografías, el alquiler de películas (videoclubes), tocadiscos y radiorelojes.
• Equipamiento hogareño: Se mantienen categorías como las antenas de TV tradicionales.

El argumento oficial del INDEC durante los últimos años para justificar la vigencia de estos ítems era el relevamiento de "productos sustitutos". Sin embargo, esta explicación marca una contradicción grosera con la postura actual de Caputo: si el organismo ya realizaba sustituciones para salvar la obsolescencia de 2004, no resulta claro por qué no se podría aplicar el mismo criterio técnico para la base de 2018, en lugar de descartarla por completo.

La falta de una fecha para el nuevo índice y la persistencia de una canasta que mide el fax y el VHS coloca a la estadística nacional en un limbo técnico. Mientras el Ministerio de Economía insiste en que la propuesta de Lavagna era "vieja", la realidad es que la Argentina continuará evaluando su crisis inflacionaria bajo la lupa de un mundo que ya no existe, ignorando los compromisos asumidos con el FMI y la asistencia técnica recibida para la modernización del sistema.