Según un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), la epidemia de coronavirus tendrá un fuerte impacto en nuestro país en términos laborales, pudiendo perderse hasta 900 mil puestos de trabajo en total, incluyendo formales e informales.

Se trata de estimaciones para el segundo semestre del año, elaboradas a partir de los datos de los primeros 45 días de la cuarentena y presentadas por el organismo que dirige el sociólogo Agustín Salvia. La pérdida de puestos de trabajo será para asalariados, no asalariados, formales e informales, aunque el mayor impacto se sentirá en última categoría.

Para la UCA, ya se perdieron 120 mil puestos de trabajo en el área de autónomos y empleadores formales, mientras que los asalariados formales disminuyeron en 150 mil posiciones, la caída de los asalariados informales fue de 180 mil puestos y los cuentapropistas no profesionales informales perdieron 160 mil puestos. La mayor caída es la de los trabajos eventuales, de supervivencia y changas, que sufrieron 250 mil bajas. La cifra total de pérdidas de puestos de trabajo ya alcanza los 860 mil, entre el inicio de la cuarentena y el 12 de mayo, sobre una base de 18 millones de ocupados.

El Boletín Anual de la Seguridad Social de la AFIP muestra que en febrero había 541.365 empleadores, pero que ya en abril esa cifra había caído a 526.364 (14.993 empleadores menos solo durante el primer mes de cuarentena), lo que implica un retroceso de 4,2% en términos interanuales.

Para Salvia, la situación es heterogénea ya que algunos empleadores no pagan el sueldo o parte de la masa salarial, pero no despiden. También considera que una parte de los puestos perdidos se recuperará inmediatamente después de la cuarentena.

Desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que desde el inicio de la pandemia se contabilizan 9781 expedientes de suspensiones ingresados y 105 proyectos de resolución homologados. En ese período se registraron 813 audiencias para firmar acuerdos de suspensiones concertadas por causas económicas y 255 pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis.

La situación es más grave aún en el Conurbano bonaerense, que concentra una cuarta parte de la población nacional, donde el 9,8% de los 5,1 millones de trabajadores ocupados perdieron su empleo y el 41,6% está suspendido o debió dejar de trabajar.