Durante la mañana de hoy, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Santa Rosa) llevaron a cabo dos allanamientos en las localidades de La Merced y Monte Potrero, situadas en el departamento Paclín. La acción se desarrolló bajo las directivas del Juzgado Federal, cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes para la lucha contra el narcotráfico.

El operativo tuvo como objetivo principal desarticular la producción y comercialización de cannabis sativa en la región, y resultó en un importante secuestro de plantas, semillas y material relacionado con el cultivo ilegal.

Material incautado: cifras que preocupan

Los investigadores lograron confiscar una considerable cantidad de evidencia vinculada al cultivo de marihuana, que incluye:

• 36 plantas y plantines de marihuana, identificadas como cannabis sativa.
• 13 gajos de la misma variedad, presumiblemente destinados a propagación.
• 3.200 semillas de cannabis sativa, listas para futuras siembras.
• Tres balanzas digitales tipo gramera, utilizadas para la medición y fraccionamiento de la droga.
• Envoltorios de plástico con sustancia tipo herbácea, entre los que se destacaban cogollos, que al ser sometidos a prueba de campo dieron resultado positivo para marihuana.

Este secuestro evidencia la magnitud del cultivo y la posible preparación de la droga para distribución local o regional, reafirmando la importancia de los operativos coordinados entre fuerzas policiales y la Justicia.

Detenciones y procedimientos judiciales

Durante el desarrollo de los allanamientos, la policía logró detener a dos sujetos, de 36 y 41 años de edad, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Los hombres permanecen bajo custodia a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente, mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de implicación en la red de cultivo y distribución de cannabis.

La detención de los sospechosos se produjo en el marco de un operativo cuidadosamente planificado, en el que las fuerzas de seguridad actuaron siguiendo protocolos legales estrictos, asegurando que tanto los bienes incautados como las personas detenidas sean tratados conforme a la normativa vigente.