Después del puntapié inicial del debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno, el oficialismo confía en avanzar rápidamente con la firma del dictamen de mayoría durante el próximo miércoles. El objetivo es que el proyecto quede listo en un plenario de comisiones y pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados, tentativamente, una semana después, el 19 de agosto.
Así lo confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) altas fuentes parlamentarias del oficialismo vinculadas con las autoridades del plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
"Hasta hoy, según lo hablado, llegamos bien al dictamen", señalaron con optimismo desde el oficialismo, en una señal de que las conversaciones mantenidas durante los últimos días permitieron acercar posiciones con los sectores aliados.
El escenario, sin embargo, presenta diferencias importantes cuando se observa el resto de la agenda legislativa inmediata del Gobierno. La nueva ley de Inocencia Fiscal enfrenta mayores resistencias y, según pudo saber NA en diálogo con un influyente diputado de La Libertad Avanza, no tendría un camino allanado para alcanzar un dictamen en un plazo tan breve.
El plenario de comisiones y los acuerdos previos
La reunión conjunta de las comisiones de Finanzas, presidida por Santiago Pauli, y Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, se desarrollará el miércoles por la tarde, aunque el horario todavía debe ser confirmado.
El objetivo del oficialismo es que, una vez concluida la discusión, el proyecto pase a la instancia de firma del despacho. La estrategia se apoya en los acuerdos que se fueron construyendo durante la semana pasada con los sectores aliados.
Uno de los momentos centrales de esa negociación tuvo lugar el martes pasado, cuando se desarrolló una reunión de alto nivel en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara baja. Allí participaron autoridades del Banco Central, incluido su presidente, Santiago Bausili, junto con referentes de los bloques dialoguistas y representantes de La Libertad Avanza.
Durante ese encuentro, los funcionarios explicaron los principales puntos de la iniciativa. El eje de la propuesta es establecer la prohibición de la emisión monetaria sin respaldo para financiar al Tesoro y a las provincias. Los referentes de los bloques dialoguistas se mostraron receptivos frente a la iniciativa y acordaron contribuir con su aprobación. No obstante, algunos de esos espacios plantearon una condición política: que el oficialismo considere incorporar proyectos propios dentro del temario de la próxima sesión.
De esta manera, el avance del proyecto quedó asociado a una negociación parlamentaria más amplia, en la que el oficialismo busca asegurar respaldos para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Bausili y Werning defendieron la iniciativa
Al día siguiente de aquella reunión, tanto Santiago Bausili como el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, participaron del plenario de comisiones para defender la propuesta. Durante su presentación, los funcionarios expusieron los principales lineamientos del proyecto que pretende modificar las reglas de funcionamiento del organismo monetario.
La iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que se le adjudicaban al Banco Central mediante su Carta Orgánica y establece como único mandato la preservación del valor de la moneda. En paralelo, propone prohibir el financiamiento del Tesoro.
El proyecto sostiene que recuperar un mandato único implica reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. Según el texto de la iniciativa, "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero".
A partir de esa definición, el proyecto plantea que no debería ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos.
La emisión cero como principio central
La reforma es considerada por el propio Javier Milei como "la más importante" de esta etapa de su Gobierno. El objetivo es consolidar a nivel normativo lo que el oficialismo considera una batalla cultural ganada: que imprimir moneda sin respaldo es incorrecto y que la emisión cero constituye un principio innegociable.
En ese marco, el proyecto establece una serie de prohibiciones y restricciones sobre las herramientas mediante las cuales el Banco Central podría financiar al sector público. Entre las principales modificaciones planteadas se encuentran:
- Prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro.
- Prohibición de los préstamos a las provincias.
- Prohibición del uso de letras intransferibles.
- Limitación de la transferencia de utilidades a las ganancias reales obtenidas por el Banco Central.
- Eliminación de determinadas funciones vinculadas con la orientación del crédito hacia destinos específicos.
- Eliminación de las políticas crediticias diferenciadas.
El proyecto sostiene que esas últimas funciones corresponden a la banca de fomento y son ajenas a la misión de una autoridad monetaria. Según la iniciativa, su utilización mediante la emisión o a través de regulaciones consideradas distorsivas demostró ser ineficaz para los fines declarados y perjudicial para la preservación del valor de la moneda.
El intento de blindar la independencia del Banco Central
Otro de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de la independencia del Banco Central. Para ello, la iniciativa propone endurecer los requisitos necesarios para remover al presidente y a los directores de la entidad.
El mecanismo planteado busca que los funcionarios queden protegidos frente a cambios de gobierno y establece como condición una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional. El proyecto plantea que, a partir de la sanción de la iniciativa, ningún funcionario pueda ser removido por resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos que el texto califica de populistas.
La iniciativa también cuestiona el esquema actual de remociones y sostiene que este podría permitir decisiones intempestivas destinadas a conseguir una mayor laxitud de la política monetaria. El proyecto vincula esa posibilidad con lo que define como una forma de afectar al sector privado mediante el impuesto inflacionario y el señoreaje, a los que caracteriza como "impuestos no legislados".
En cuanto al procedimiento concreto de remoción, la propuesta establece que solamente podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, pero previa aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Nación con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.
Adiós a la presencia permanente del Ministerio de Economía
La reforma también contempla un cambio específico en la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. El proyecto propone derogar el artículo de la Carta Orgánica que permite al ministro de Economía, o a su representante, participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio del Banco Central.
Para el texto de la iniciativa, eliminar esa presencia permanente constituye una delimitación más clara de las influencias entre el Tesoro y la autoridad monetaria.
"Eliminar la presencia permanente de un representante del Tesoro en las reuniones del directorio constituye una delimitación más clara de influencias", argumenta el proyecto.