El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda modificación en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía en la Argentina desde hace más de cuatro décadas. Mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Manuel Adorni, se reglamentó la Ley 23.052, se derogó el Decreto 828/84 y se dispuso la disolución de la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
La medida implica un cambio estructural en el modo en que se asignan las calificaciones de aptitud para el público —como "Apta para Todo Público (ATP)", "+13", "+16" o "+18"— y responde, según los considerandos oficiales, a la necesidad de adecuar el marco normativo a las transformaciones culturales, tecnológicas y de consumo audiovisual registradas en las últimas décadas.
El Ejecutivo sostuvo que el sistema vigente desde 1984 generaba demoras innecesarias, rigidez administrativa y un uso ineficiente de recursos, en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas digitales y la aceleración de los estrenos cinematográficos a nivel global.
El fin de la Comisión Asesora y un nuevo rol del INCAA
Hasta la entrada en vigencia del nuevo decreto, la calificación de una película requería obligatoriamente el dictamen de una comisión colegiada, integrada por distintos representantes del ámbito cultural y educativo. A partir de ahora, esa función será asumida de manera exclusiva por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que concentrará la competencia técnica para definir las categorías orientativas destinadas al público.
El decreto argumenta que la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas "no ha demostrado la eficiencia necesaria para responder a la dinámica actual del sector audiovisual" y que su funcionamiento se había vuelto incompatible con los tiempos de la industria. En este sentido, se señala que el nuevo esquema apunta a simplificar procedimientos y reducir la burocracia estatal.
Asimismo, la normativa redefine el rol del Estado en materia de consumo audiovisual, al remarcar que las calificaciones tendrán un carácter orientativo y que la responsabilidad primaria sobre el acceso de niños, niñas y adolescentes a determinados contenidos recae en los padres, madres o tutores legales.
Homologación automática de calificaciones extranjeras
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de las calificaciones cinematográficas otorgadas en el extranjero. Según datos oficiales citados en el decreto, alrededor del 65% de los estrenos comerciales en la Argentina provienen de Estados Unidos, lo que motivó al Gobierno a considerar "innecesario" volver a evaluar películas que ya cuentan con clasificaciones emitidas por organismos internacionales estandarizados, como la Motion Picture Association of America (MPAA).
En este nuevo esquema, las calificaciones de origen serán homologadas de manera automática a las categorías vigentes en el país, lo que permitirá agilizar los estrenos y reducir tiempos administrativos. No obstante, el decreto aclara que el INCAA conservará la potestad de modificar de oficio una calificación extranjera en caso de que existan "razones de orden público" que así lo justifiquen.
Plazos de implementación
La normativa establece que los cambios comenzarán a regir dentro de los 60 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Durante ese período, el INCAA deberá adecuar sus procedimientos internos y definir los criterios técnicos que regirán el nuevo sistema de calificación.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en una reconfiguración del marco regulatorio cultural, alineada con su política de reducción de estructuras estatales y simplificación administrativa, en un sector atravesado por profundas transformaciones tecnológicas y nuevos hábitos de consumo audiovisual.
