La escena es increíble. Una mujer de 29 años camina por la calle en la provincia de Buenos Aires. La persiguen dos policías de a pie. Le informan que está quebrantando la ley. Ella sigue caminando mientras vocifera, en tono desafiante, que es el policía quien viola la Constitución Nacional. El agente de la fuerza pública replica: “¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia”. Y ahí está, precisamente, el punto: ¿Qué Constitución? La pandemia no derogó ni suspendió la Constitución.
John P. Stockton escribió: “Las Constituciones son cadenas con las que se ligan los hombres en momentos de lucidez, para no morir a causa de comportamientos suicidas en momentos de locura.” ¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia. Siguiendo a Stockton yo agregaría: estamos en una locura, cometiendo un acto de suicidio. Un auténtico delirio.
Al ser humano le disgusta la muerte. Nos asusta morir. La idea nos enfrenta a las cuestiones más duras de la existencia: somos finitos. Tenemos fecha de vencimiento. El hecho de que esta fecha sea incierta le añade a la vida ese componente perfecto (y en algún punto, incluso perverso) para que decidamos vivirla aún con la certeza de que, indefectiblemente, algún día vamos a morir.
Entonces se impone la pregunta: ¿está bien que el poder estatal nos secuestre la vida con el objetivo irónico y contradictorio de protegerla? ¿Estamos dispuestos a aceptar “no vivir” para poder vivir? La pregunta suena absurda. Lo es. Y lo es tanto como la situación en la que estamos. Situación en la que, en rigor de verdad, el Estado nacional decidió que estemos. Decidió poner a la población en cuarentena. Y decidió tomar el control de la vida de los ciudadanos convirtiendo la cuarentena en una prisión domiciliaria. Prisión en la cual está, de hecho y por decreto, prohibido todo lo que no está expresamente permitido.
Vayamos a cuestiones algo más concretas. Se esperaba un escenario en el que la irrupción del COVID-19 sería una masacre. No solo en Argentina sino en nuestra ciudad. Se infectaron cinco agentes de una fuerza de seguridad y se aisló a la totalidad de sus miembros. Se infectaron trabajadores de salud y se aisló a todo el grupo en cuestión. Convengamos que la provincia de Río Negro actuó rápidamente.
Ahora bien, luego de 34 días de cuarentena, con un nivel de circulación de la población muchísimo más alto del que hubiera sido deseable en nuestra ciudad, el resultado es que no se registró, hasta el momento en que escribo esta columna, ni un solo fallecido en San Carlos de Bariloche. A nivel nacional, el coronavirusómetro da menos de 200 muertos.
Volvamos a Bariloche y pensemos. Si el período de incubación medio es de 7 días y la cuarentena en nuestra ciudad estuvo, supuestamente, mal hecha ¿cómo es posible que no se diera el escenario catastrófico que se había previsto? Y esto no es trivial. Si juzgamos la bondad de una política por sus resultados, entonces resulta que si hay cero muertes y el escenario de infectados está muy por debajo de lo previsto, hay algo que se hizo bien. Entonces, o la cuarentena se hizo bien o la cuarentena se hizo mal. Pero no puede hacerse bien y mal al mismo tiempo. Y si se concluye que se hizo mal (y por ello recrudecen las medidas restrictivas), entonces el mérito del éxito no puede ponerse en los 34 días de cuarentena sino en el aislamiento de sectores específicos e identificados.
Por otro lado, si se afirma que existe circulación comunitaria (cuando salimos a comprar un yogurt vamos al encuentro del virus), el período medio de incubación es de 7 días, y luego de 34 días de cuarentena hay menos de un centenar de casos (todos en buen estado de salud) resulta evidente que el escenario que se está verificando no es el de la catástrofe humanitaria que se había previsto.
Es más, el viernes 3 de abril, por disposición nacional se habilitaron los bancos para el cobro de jubilaciones. En todo el país, incluida nuestra ciudad, se vio como aquellos que conforman, precisamente el grupo de riesgo, se volcaron masivamente a la calle en busca de sus haberes. Pasaron 21 días de esa situación. 3 veces el período medio de incubación y no se verificó, ni de cerca, que todos esos adultos mayores estén internados o sean casos activos. No digo que no estén contagiados, digo que no se verificó si dicho contagio existe. En cualquier caso, la realidad incontrastable: 21 días después no hay muertos.
Pero la tragedia humanitaria sí se está incubando. Y es el sufrimiento económico que se va a causar a la población de forma deliberada. Esto es, las consecuencias económicas de las acciones tomadas para evitar una catástrofe sanitaria van a existir, aún en el caso en que la catástrofe sanitaria no exista. Y 34 días después, la catástrofe sanitaria, en la magnitud que se vio en otros países, logró evitarse.
Como decía más arriba, el ser humano es finito. Muere. No es la perversidad de un escritor la que lo afirma ni mucho menos constituye mi expresión de deseo. La muerte forma parte de la naturaleza misma. Las pandemias y las pestes han existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad: la peste negra de la Edad Media mató a 200 millones de personas (1 de cada 3). La plaga de Justiniano a 30 millones (1 de cada 7). La plaga antoniana a 5 millones (1 de cada 37). La gripe española de principios del Siglo XX, a 40 millones de personas. El HIV, lleva matados a 25 millones? y contando.
El caso del HIV es tal vez, paradigmático. Nadie aceptó que el Estado se metiera en nuestras sábanas a fiscalizar qué hacíamos o dejábamos de hacer. Pero entendimos que nuestros comportamientos debían modificarse. Aprendimos a cuidarnos. Modificamos hábitos y conductas. Las incorporamos íntimamente. No fue la abstención forzada, la prohibición, la amenaza o la regulación de la vida lo que paró la explosión del HIV. Fue la educación y un cambio de hábitos.
Volvamos al COVID19. A esta altura, probablemente algún lector debe estar recordando a mi madre (que vive y forma parte del grupo de riesgo) y, tal vez, atribuyéndome una sarta de calificativos que nadie consideraría bonitos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos tenemos que morir y que solo importa la economía? No. Definitivamente no. Lo que estoy diciendo es que, como sociedad, hemos entrado en una fase delirante y que no detenerla producirá consecuencias mucho más severas y no solo en el plano de la economía: también en nuestra vida misma.
Para muestras basta con un botón (bueno, en este caso, van dos): el 22 de abril de 2020, en Córdoba, Pamela Nieto, de 24 años asistió al hospital porque se sentía mal -era trasplantada de riñón-. La mandaron a la casa y le dijeron que si no tenía coronavirus no volviera. No volvió. Murió. Ella no tuvo derecho a la sanidad. Murió porque las camas debían estar libres para atender a los pacientes de la pandemia. Igual suerte corrió María del Carmen Martínez, abogada de la Comarca Andina quien no pudo lograr un permiso de la provincia de Chubut para regresar a Bolsón por una cirugía. Murió.
Y en mi mente repica la frase: ¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia.
Pamela y María del Carmen fueron tratadas como animales de sacrificio. Y no estoy hablando de “la gente en general”: Pamela y María del Carmen. Para ellas no hubo Constitución. No hubo derechos. No hubo empatía. No hubo humanidad. Ni si quiera hubo juramento hipocrático que valga. Fueron asesinadas por el delirio en el que estamos metidos. Y estos hechos son muchísimo más ultrajantes a la dignidad humana que la desesperada elección que debieron hacer médicos italianos ante dos personas y un solo respirador. Los médicos italianos no tenían opción. Quien denegó un permiso, sí.
Hemos pasado de subestimar el COVID-19, que estaba lejos en China y no iba a llegar, a tomar medidas razonables con buenos reflejos. Y esas medidas fueron efectivas. Aceptamos que el virus no se irá de la noche a la mañana y que no habrá vacuna en el corto plazo. No solo para la Argentina, sino para el mundo entero, claro. Su alta contagiosidad es un hecho incontrastable. ¿En qué punto los argentinos pasamos de “administrar el contagio para que de abasto el sistema de salud” a pretender eliminar el virus con “circulación cero”? Bueno, es cierto que muerto el perro se acabó la rabia.
La persistencia en las medidas adoptadas -o su profundización- ya no tienen el objetivo de proteger la vida sino de controlarla en todos los aspectos. Es un confinamiento domiciliario.¿Será que la génesis de esta continuidad está en el pánico que sienten las autoridades al posible reproche popular de que no hicieron lo que había que hacer para cuidar a la gente frente a la pandemia? Costo político le dicen. O podría ser también que haya que buscar esa génesis en el autoritarismo de alguna dirigencia nacional que, como el policía bonaerense, se pregunta: “¿Qué Constitución?”
Luego de 34 días y con una catástrofe sanitaria que no ocurrió, ¿a nadie se le ocurre parar la pelota y mirar la locura a su alrededor? Y no se trata de definir cuántas muertes son aceptables. Se trata de aceptar la certeza de la muerte: la propia y la de todos los seres humanos. Y que hay algo peor que la muerte: no vivir.Que quede claro: para cuidarnos, el Estado tomó nuestras vidas y nos está impidiendo vivirla. La esclavitud de abolió en 1813, mucho antes que la Constitución.
Es cierto que se no se vuelve del cementerio. Pero la inexorable discusión que este artículo pretende poner en debate es el motivo por el cual vamos a entrar. Porque, recordemos, todos vamos a entrar. El punto es que esta cuarentena ha degenerado en prisión domiciliaria, con supresión fáctica de los derechos civiles y garantías constitucionales. Cuarentena que tiene como noble propósito declarado evitar que entremos al cementerio. Con ese fin, el Estado nacional tomó mi vida por la fuerza y sin mi consentimiento. El problema es que mi vida no es del Estado. Es mía. Y al menos yo, quiero que me la devuelva. (Fuente: Juan A. Galti para Bariloche 2000)