El Pentágono confirmó este viernes el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford —el buque de guerra más grande y avanzado de la Armada estadounidense— y su grupo de ataque hacia el área de responsabilidad del Comando Sur, en una decisión que supone una importante escalada militar en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas. La orden fue firmada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y, según el portavoz del Departamento de Defensa, tiene por objetivo "reforzar la capacidad estadounidense de detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas" en la región.
Fuentes oficiales señalan que el Gerald R. Ford se encuentra actualmente desplegado en el mar Mediterráneo junto a varios destructores y que tardaría varios días en arribar al Caribe. El despliegue se suma a una presencia naval ya ampliada en semanas recientes —incluida una flotilla de buques, submarinos y aviones— y ocurre en el marco de una campaña en la que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el sur del Caribe. El Pentágono reconoce que desde septiembre se registraron decenas de muertes como resultado de estas acciones.
La administración estadounidense justifica la movilización como parte de una ofensiva para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y "contrarrestar el narcoterrorismo", sostuvieron portavoces oficiales. El Gobierno de Donald Trump ha defendido además que, al considerar a ciertos cárteles como amenazas equivalentes a organizaciones terroristas, dispone de argumentos para operaciones que van más allá de los esfuerzos tradicionales de interdicción marítima. Sin embargo, la estrategia y la retórica oficial —que llegó a incluir pronunciamientos del propio presidente sobre la posibilidad de ataques en tierra— han alimentado preocupación y críticas por la legalidad y el alcance de las acciones.
Especialistas y analistas coinciden en que el envío de un portaaviones cambia sustancialmente la capacidad operativa de Washington en la región: permite sostener ritmos mayores de vuelos embarcados, acortar tiempos de llegada de aviones a objetivos en tierra y ofrecer opciones tácticas más variadas a los comandantes. Para algunos observadores, la presencia del Gerald R. Ford constituye la señal más clara hasta ahora de que Washington podría ampliar el foco de sus ataques desde embarcaciones sospechadas hacia objetivos terrestres vinculados a redes de contrabando o a la infraestructura del Estado.
No obstante, la escalada genera también interrogantes políticos y jurídicos. Organismos internacionales, diputados y juristas han planteado dudas sobre la fundamentación jurídica de los bombardeos en mar abierto y sobre las condiciones para eventuales operaciones en tierra dentro del territorio soberano de otro país. La administración insiste en su narrativa de defensa nacional y lucha contra el narcotráfico; críticos y aliados regionales, en cambio, advierten sobre el riesgo de una espiral que podría desestabilizar aún más a Venezuela y tensar las relaciones con gobiernos vecinos.
En Caracas, el régimen de Nicolás Maduro respondió consolidando maniobras defensivas y denunciando la presencia naval como una amenaza a la soberanía. Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado ejercicios conjuntos con países del Caribe —incluido un plan de actividades con Trinidad y Tobago— y ha desplegado unidades de marines y aviones de combate en la proximidad de la región, lo que alimenta la percepción de una preparación amplia sobre el terreno.
La llegada del Gerald R. Ford y el aumento de capacidades estadounidenses marcan un nuevo capítulo en una crisis que combina objetivos de seguridad —interrupción del flujo de drogas— con un claro componente geopolítico orientado a presionar al Ejecutivo venezolano. Analistas consultados por medios internacionales advierten que, aunque una invasión a gran escala no parece inminente, la acumulación de medios navales y aéreos deja abiertas opciones para operaciones más contundentes contra infraestructuras o líderes vinculados al narcotráfico o a redes consideradas por Washington como "terroristas".
