El régimen chavista evalúa otorgar "medidas de gracia" o indultos presidenciales a personas que quedaron excluidas de la reciente Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a determinados detenidos y que ha generado fuertes cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares de presos políticos en Venezuela.
El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien señaló que "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para eventuales medidas presidenciales. La declaración se produjo en respuesta a los reclamos de familiares que denuncian exclusiones dentro del alcance de la norma.
Entre los casos mencionados por quienes reclaman una ampliación de los beneficios figura el del gendarme argentino Nahuel Gallo, capturado hace más de un año.
La legislación promulgada esta semana establece, en teoría, que la amnistía cubre el período comprendido entre 1999 y 2026. Sin embargo, el texto especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, además de los casos vinculados a operaciones militares.
Tras la promulgación, Rodríguez explicó que se abrió "un espacio" para que distintas instancias del Estado analicen situaciones no contempladas en la norma. Entre ellas mencionó:
El Programa para la convivencia y paz, instalado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
La comisión para la revolución judicial.
Ambos organismos podrán atender casos y recomendar medidas para personas excluidas de la legislación vigente.
"Cientos de liberaciones" y más de 1.500 solicitudes
El jefe del Parlamento aseguró que el viernes se estaban produciendo "cientos de liberaciones" en el país, aunque no precisó cifras exactas, identidades de los beneficiados ni detalles específicos sobre las medidas adoptadas.
Indicó además que los primeros casos atendidos corresponden a detenidos en:
El calabozo policial conocido como Zona 7.
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuya sede en Caracas es conocida como El Helicoide.
Rodríguez detalló que la comisión especial del Parlamento encargada de velar por el cumplimiento de la ley se declaró en "sesión permanente" y que, hasta el sábado, había recibido 1.557 solicitudes de amnistía, cuyos expedientes —según afirmó— "se están atendiendo de inmediato".
Asimismo, sostuvo que está previsto revisar pedidos para que "más de 11.000" personas puedan "disfrutar libertad plena", dado que actualmente cuentan con medidas sustitutivas de libertad, tales como:
Prohibición de salida del país.
Régimen de presentación periódica ante tribunales.
Reclamos para extender la amnistía
Desde la sociedad civil, la presión continúa. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), integrada por familiares y activistas, exigió que los beneficios de la amnistía se extiendan a todos los presos políticos "sin discriminación ni exclusión".
La organización reconoció que la nueva legislación puede permitir "avances parciales" y liberar a algunas personas, pero advirtió que la amnistía "solo es válida" si se garantiza:
El desmontaje del sistema represivo.
Condiciones reales y seguras para el retorno de los exiliados.
Desde el pasado 8 de enero, familiares de detenidos mantienen vigilias permanentes frente a distintas cárceles del país, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones. El reclamo es claro: libertad plena para todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.
Cifras en disputa y posiciones enfrentadas
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos podrían quedar excluidos de la amnistía. Además, informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos.
De acuerdo con sus registros:
En Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos.
Desde el 8 de enero fueron excarceladas 448 personas.
El Gobierno venezolano, por su parte, sostiene que en el país no existen presos políticos, sino personas que cometieron delitos.
En este escenario, el debate sobre las "medidas de gracia" y los indultos presidenciales se instala como una vía complementaria a la Ley de Amnistía, mientras familiares y organizaciones insisten en que las liberaciones deben alcanzar a la totalidad de los detenidos por motivos políticos, sin excepciones ni recortes temporales.
