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En medio de las presiones de Trump

El chavismo liberó a 87 presos políticos: ¿qué pasó con Nahuel Gallo?

Las excarcelaciones se produjeron tras sanciones de Estados Unidos al sector petrolero venezolano y nuevas acciones militares en el Caribe. Organismos de derechos humanos celebraron la medida, aunque advirtieron que las liberaciones son parciales y reclamaron una amnistía general. Persisten dudas sobre el paradero del gendarme catamarqueño.

1 Enero de 2026 13.07

En un contexto de creciente presión internacional y tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro dispuso este jueves 1 de enero la liberación de 87 presos políticos que permanecían detenidos en la cárcel de Tocorón, uno de los penales más emblemáticos de Venezuela. La información fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, una de las organizaciones que sigue de cerca la situación de los detenidos por motivos políticos en el país.

Según detalló la ONG, se trata de personas arrestadas en el contexto de las movilizaciones postelectorales, un período marcado por protestas, denuncias de irregularidades y una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. La liberación se suma a una medida similar adoptada por el chavismo durante las celebraciones de Navidad, cuando fueron excarceladas 71 personas en condiciones similares.

Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad celebraron el anuncio, aunque aclararon que la medida resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. "Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares, y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad", expresaron a través de un comunicado. En ese sentido, la organización reiteró su reclamo por una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.

Las excarcelaciones se producen en un escenario de fuerte escalada en la presión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, contra la administración de Maduro, a la que Washington acusa de encabezar una estructura criminal vinculada al narcotráfico. En las últimas semanas, Estados Unidos intensificó sus acciones en la región, tanto en el plano diplomático como en el militar y económico.

Entre las medidas adoptadas, Washington movilizó al Caribe una flotilla de buques militares y aviones de combate, y llevó adelante más de 30 ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Según se informó, estas operaciones dejaron al menos 115 muertos, un accionar que fue duramente cuestionado por expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos, que calificaron los hechos como "ejecuciones extrajudiciales".

A estas acciones se sumó el bloqueo ordenado por Donald Trump a todos los petroleros sancionados por Estados Unidos que ingresen o salgan de Venezuela. En ese marco, al menos dos buques fueron confiscados, en una señal clara del endurecimiento de la política estadounidense hacia el país sudamericano.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano, en lo que describió como un nuevo esfuerzo por asfixiar financieramente al gobierno de Maduro. Además, identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados: los tanqueros Della y Valiant, ambos con bandera de Hong Kong; Nord Star, con bandera de Panamá; y Rosalind, con bandera de Guinea.

"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", sostuvo el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial, reforzando el tono confrontativo de la Casa Blanca.

Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó de plano estas acusaciones. Nicolás Maduro negó liderar el denominado "Cartel de los Soles" y aseguró que las acciones de Estados Unidos responden a un intento de derrocar a su gobierno para apropiarse de las reservas petroleras venezolanas, una de las mayores del mundo.

En este marco, la liberación de los 87 presos políticos aparece como un gesto que genera expectativa y cautela entre los organismos de derechos humanos, que si bien valoran cualquier avance, insisten en que la situación de los detenidos políticos en Venezuela sigue siendo crítica. Al mismo tiempo, persisten interrogantes sobre otros casos emblemáticos, entre ellos el del argentino Nahuel Gallo, cuyo paradero y situación continúan siendo motivo de preocupación.