El anuncio del Pentágono de que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército estadounidense condenado a muerte por una masacre ocurrida en 2009, abrió una nueva controversia en torno a la aplicación de la pena capital y el carácter público de los castigos judiciales. La ejecución, autorizada esta semana por el presidente Donald Trump, está prevista para el próximo 3 de diciembre y se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento.
De concretarse, el procedimiento marcará un acontecimiento excepcional en la historia militar estadounidense: será la primera ejecución de un condenado bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas desde 1961. A esa circunstancia se suma la decisión de difundir el fusilamiento en vivo, una medida cuyos detalles todavía deben definirse y que vuelve a poner en discusión la forma en que el Estado comunica y ejecuta sus condenas más severas.
La decisión fue anunciada públicamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien defendió tanto el método elegido como la intención de permitir que la población presencie el procedimiento. Posteriormente, un funcionario del Pentágono confirmó a la agencia AFP que la ejecución será transmitida en vivo, aunque aclaró que todavía no se determinaron todos los detalles de la difusión.
El caso reúne tres dimensiones centrales: la gravedad de la masacre cometida en Fort Hood, la excepcionalidad de una ejecución militar después de más de seis décadas y la controversia que genera convertir un fusilamiento en un acontecimiento de exposición pública.
Hegseth defendió el fusilamiento y la transmisión pública
El secretario de Defensa adelantó que la ejecución de Hasan se realizará mediante un pelotón de fusilamiento y sostuvo que el procedimiento deberá ser público. Sus declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el activista conservador Jack Posobiec, difundida en redes sociales por cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
"Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", afirmó Hegseth. El funcionario también justificó la decisión a partir de la necesidad de mostrar las consecuencias de los delitos de extrema gravedad. "La gente tiene que entender que existen consecuencias graves para estas cosas", señaló.
Poco después de esas declaraciones, un funcionario del Pentágono confirmó a AFP que el fusilamiento será transmitido en vivo. Sin embargo, la confirmación no estuvo acompañada por precisiones sobre el formato de la emisión ni sobre las condiciones concretas en las que se realizará.
La iniciativa introduce un elemento adicional en una ejecución que ya resulta excepcional por su carácter militar y por el método previsto. La decisión de hacerla pública no solo afecta a la organización del procedimiento, sino que también abre interrogantes sobre la exposición de la pena de muerte ante la sociedad.
Más de seis décadas sin ejecuciones militares
La ejecución de Hasan representaría la primera aplicación de una pena capital bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el 13 de abril de 1961. En aquella oportunidad, el soldado John A. Bennett fue ahorcado después de haber sido declarado culpable de violación e intento de asesinato.
El antecedente más reciente de un fusilamiento militar se remonta todavía más atrás. Según los registros del Death Penalty Information Center, una organización especializada en el seguimiento de la pena de muerte en Estados Unidos, el último procedimiento de ese tipo se llevó a cabo el 9 de noviembre de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial.
La distancia temporal entre aquellos antecedentes y la ejecución prevista para diciembre dimensiona la excepcionalidad del anuncio del Pentágono. No se trata solamente de aplicar una sentencia dictada por un tribunal militar, sino de reactivar un método de ejecución que no se utiliza en ese ámbito desde hace décadas.
La autorización presidencial llegó por recomendación de Hegseth, más de 17 años después de la masacre de Fort Hood. Esta semana, el vocero del Pentágono, Sean Parnell, había comunicado la decisión con una declaración contundente: "Ha llegado finalmente el día del juicio para Hasan".
Sin embargo, aunque la autorización ya fue anunciada, todavía existen recursos legales que podrían impedir que la ejecución se concrete en la fecha prevista.
La masacre de Fort Hood: 13 muertos y 32 heridos
Nidal Malik Hasan era exmayor y psiquiatra del Ejército estadounidense cuando protagonizó, el 5 de noviembre de 2009, uno de los ataques más mortíferos registrados en una instalación militar de Estados Unidos.
La masacre ocurrió en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados de Fort Hood, en Texas. En ese lugar, numerosos militares realizaban trámites y controles antes de ser enviados al extranjero, especialmente a Afganistán.
Hasan abrió fuego contra decenas de personas y provocó la muerte de 13 personas, mientras que otras 32 resultaron heridas. Doce de las víctimas fatales eran militares, al igual que buena parte de los heridos. Durante el ataque, el agresor utilizó una pistola equipada con una mira láser. De acuerdo con los testimonios recogidos durante el proceso judicial, gritó "Allahu akbar", expresión que significa "Dios es grande", antes de comenzar a disparar.
La intervención de una agente de la policía civil de la base puso fin al ataque. La mujer consiguió herir de bala al atacante, que sobrevivió, aunque quedó parcialmente paralizado. La gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas convirtieron el episodio en uno de los ataques más letales registrados dentro de una instalación militar estadounidense. La causa derivó en un proceso ante la justicia militar que concluyó con una condena a muerte.
El juicio militar y la condena de 2013
Durante el juicio, Hasan reconoció su responsabilidad en la matanza y sostuvo que había decidido cambiar de bando en lo que describía como una guerra contra el islam.
También se conoció que debía ser desplegado en Afganistán a finales de noviembre de 2009, una misión a la que se oponía. En 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de asesinato premeditado y tentativa de asesinato y lo condenó a muerte. Hasan asumió su propia defensa durante el proceso y permanece desde entonces bajo custodia militar.
La sentencia permaneció pendiente de ejecución durante años, hasta que la administración de Donald Trump autorizó su cumplimiento. La decisión fue adoptada esta semana por el presidente, a partir de la recomendación del secretario de Defensa. De esta manera, el caso que se inició con el ataque de noviembre de 2009 volvió a ocupar el centro de la escena judicial y política estadounidense, ahora por la posibilidad de que la condena se ejecute mediante fusilamiento y sea transmitida en vivo.
Los recursos judiciales podrían frenar la ejecución
Pese al anuncio oficial y a la fecha prevista para el 3 de diciembre, la ejecución de Hasan todavía no está garantizada. Expertos en derecho militar advirtieron que el condenado dispone de recursos judiciales que podrían retrasar de manera significativa la aplicación de la pena capital.
Entre las alternativas mencionadas se encuentra la posibilidad de presentar una petición de habeas corpus ante la Justicia federal civil, mediante la cual podría cuestionar su detención y la aplicación de la condena a muerte.
Ese procedimiento podría prolongarse durante meses o incluso años. En consecuencia, la fecha anunciada por el Pentágono podría quedar sin efecto si prosperan las presentaciones judiciales o si el proceso se extiende más allá del plazo previsto. Eugene R. Fidell, profesor visitante de la Facultad de Derecho de Yale y especialista en justicia militar, advirtió sobre esa posibilidad.
"Francamente, podría prolongarse más allá de la actual administración, y quién sabe si la próxima tendrá la misma inclinación por las ejecuciones", señaló. Sus declaraciones ponen de relieve que la autorización presidencial no elimina los posibles obstáculos legales que todavía pueden presentarse antes de que la sentencia sea ejecutada.
Consultado sobre si Hasan había formulado alguna última petición o intentado comunicarse con la administración Trump, Hegseth respondió con indiferencia: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".
Por su parte, la Casa Blanca remitió al Pentágono todas las preguntas relacionadas con los preparativos y las condiciones en las que se desarrollará el procedimiento.
Un método excepcional en Estados Unidos
El fusilamiento es uno de los métodos de ejecución menos utilizados en el país. Actualmente, su aplicación está permitida en un número reducido de estados: Idaho, Oklahoma, Utah, Carolina del Sur y Mississippi.
Los registros del Death Penalty Information Center muestran la escasa frecuencia de este procedimiento durante las últimas décadas. En 2025, tres condenados fueron ejecutados mediante fusilamiento en Carolina del Sur. Antes de esos casos, solo se habían registrado otros tres fusilamientos en Estados Unidos desde 1977, todos en Utah.
La ejecución militar prevista para diciembre se inscribe, por lo tanto, en un contexto de utilización limitada de ese método. Sin embargo, la controversia actual no se relaciona únicamente con la forma de ejecutar la sentencia, sino también con la intención de transmitir el procedimiento en directo.
La difusión pública incorpora una dimensión diferente al debate sobre la pena capital: la posibilidad de que un castigo estatal de esta naturaleza sea observado por la población como un acontecimiento transmitido en vivo.