El Vaticano designó esta semana un tribunal canónico independiente para juzgar al exjesuita y reconocido artista Marko Ivan Rupnik, acusado por más de 20 mujeres de abuso sexual, espiritual y psicológico. El anuncio, hecho público el lunes, marca un paso significativo en un caso que ha generado una profunda crisis dentro de la Iglesia Católica y ha puesto bajo escrutinio la política de tolerancia cero frente a los abusos.
El comunicado oficial precisó que los cinco jueces designados para llevar adelante el proceso incluyen tanto a sacerdotes como a mujeres laicas, una composición poco habitual en la justicia eclesiástica. Según la Congregación para la Doctrina de la Fe, la medida busca "garantizar la autonomía e independencia del tribunal", un reconocimiento implícito de las críticas que apuntaban a la falta de imparcialidad con la que el Vaticano manejó el caso hasta ahora.
El proceso judicial canónico contra Rupnik se enmarca en un contexto de creciente presión internacional, luego de que durante años el artista —cuyos mosaicos decoran santuarios en el Vaticano, Lourdes y Aparecida— fuera protegido y rehabilitado a pesar de las acusaciones en su contra.
Un artista influyente y un escándalo devastador
El caso Rupnik estalló a fines de 2022, cuando medios italianos difundieron los primeros testimonios de monjas y laicas que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y manipulación espiritual por parte del sacerdote durante la producción de sus obras artísticas.
La Compañía de Jesús reconoció poco después que Rupnik había sido excomulgado brevemente en 2020, tras comprobarse que absolvió en confesión a una mujer con la que mantenía relaciones sexuales, uno de los delitos más graves en el derecho canónico. Sin embargo, el religioso continuó predicando y trabajando con total libertad.
A medida que más víctimas se animaban a hablar, se supo que varias de las denunciantes pertenecían a una comunidad religiosa en Eslovenia, fundada por el propio Rupnik, posteriormente disuelta por decisión de las autoridades eclesiásticas. En 2023, los jesuitas finalmente lo expulsaron de la orden, luego de que se negara a colaborar con la investigación interna.
Presiones, demoras y un juicio inminente
Durante meses, el Vaticano rechazó abrir un juicio alegando que los hechos eran demasiado antiguos. Sin embargo, ante la presión mediática y de los colectivos de víctimas, el papa Francisco decidió levantar el plazo de prescripción, permitiendo la reapertura del caso.
La designación de jueces el pasado 9 de octubre confirma que el juicio está a punto de comenzar, aunque aún no se especificaron los cargos exactos ni las posibles sanciones. Rupnik no ha sido acusado penalmente en tribunales civiles y hasta el momento no ha respondido públicamente a las denuncias.
Sus seguidores, agrupados en el Centro Aletti —su taller de arte en Roma—, denunciaron lo que califican como un "linchamiento mediático". En contraste, las víctimas celebraron la decisión del Vaticano. La abogada italiana Laura Sgro, representante de cinco de ellas, declaró que esperan que sus clientas sean reconocidas como partes perjudicadas, algo que el derecho canónico no contempla formalmente: "Han esperado justicia durante demasiados años. Este juicio no solo es importante para ellas, sino también para la propia Iglesia", afirmó.
Justicia interna y críticas al sistema
El sistema judicial eclesiástico sigue siendo objeto de fuertes críticas. A diferencia de los tribunales civiles, no reconoce a las víctimas como parte del proceso ni les otorga acceso a la documentación. Solo pueden ser llamadas como testigos y, en el mejor de los casos, conocer el veredicto final.
Además, las penas canónicas difieren de las civiles: en lugar de prisión, las sanciones incluyen restricciones para celebrar misa o prohibiciones para ejercer funciones sacerdotales.
El caso Rupnik pone nuevamente en evidencia una de las mayores deudas del Vaticano: la falta de mecanismos claros para investigar abusos sexuales cometidos contra mujeres adultas. Mientras los delitos contra menores fueron incorporados a la normativa canónica en los últimos 25 años, los casos de abuso espiritual o psicológico siguen en un limbo jurídico, amparados bajo la noción de "consenso entre adultos".
El desafío del Papa
Aunque el papa Francisco negó haber intervenido directamente en el caso, ha reconocido públicamente la necesidad de una "cultura de prevención" dentro de la Iglesia. En una carta reciente, instó a no tolerar "ninguna forma de abuso, sea de poder, de conciencia, espiritual o sexual".
El inicio del juicio contra Marko Rupnik será, por lo tanto, una prueba crucial para la credibilidad del Vaticano y su compromiso con la transparencia en los casos de abuso. Para las víctimas, representa una esperanza largamente esperada; para la Iglesia, una oportunidad de demostrar que los tiempos de encubrimiento podrían, finalmente, estar llegando a su fin.
