La escalada de tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo pico, con el cierre del espacio aéreo venezolano como epicentro de la crisis. Ante la suspensión masiva de rutas por parte de aerolíneas internacionales, el régimen chavista ha anunciado la puesta en marcha de un "plan especial" de repatriación destinado a garantizar el regreso de miles de venezolanos que han quedado varados en el exterior.
La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, fue la encargada de confirmar la medida, subrayando que este operativo no solo se enfoca en el retorno de ciudadanos, sino que también busca "facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera del territorio nacional". Pese a la trascendencia del anuncio, la funcionaria omitió brindar precisiones logísticas o detalles concretos sobre la implementación y el alcance real de este plan.
Rodríguez enmarcó la respuesta del régimen dentro de la esfera diplomática, asegurando que se han activado "todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional" para exigir el cese inmediato de lo que tildó de una "acción ilegítima e ilícita" por parte de Washington. En una fuerte declaración política, la vicepresidenta lanzó una acusación directa al Gobierno estadounidense, señalando que sus acciones son una respuesta a un supuesto pedido de la dirigente opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y actualmente en situación de clandestinidad. Según la versión del régimen, la oposición busca, con respaldo externo, "bloquear el espacio aéreo venezolano".
Advertencia de Trump y denuncia chavista
El detonante de esta crisis aérea fue un mensaje publicado por Donald Trump en la red social Truth Social, en el que el expresidente estadounidense emitió una advertencia contundente y sin precedentes: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse cerrado en su totalidad". La declaración, que no ofreció plazos específicos ni argumentación detallada sobre los motivos, generó una inmediata alarma internacional y una tajante respuesta de Caracas.
A través de su Cancillería, el régimen venezolano denunció formalmente ante la comunidad internacional que las declaraciones de Trump "representan una amenaza explícita de uso de la fuerza", contraviniendo, según sostuvo, lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas. El comunicado, difundido por el canciller Yvan Gil, calificó el ultimátum como un "acto hostil, unilateral y arbitrario" y reafirmó la postura histórica del régimen: Venezuela "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero".
La cancelación masiva de vuelos se precipitó luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una recomendación para "extremar la precaución" al sobrevolar la nación y el sur del Caribe, al catalogar la zona como "potencialmente peligrosa". Aerolíneas de calado global como Iberia, Air Europa, Avianca, Turkish Airlines y Plus Ultra suspendieron inmediatamente sus operaciones. En respuesta, el régimen de Maduro impuso un plazo de 48 horas para que las compañías retomaran los itinerarios y, ante el incumplimiento, procedió a revocar los permisos de operación a seis aerolíneas clave, incluyendo a TAP, Gol y Latam Colombia. Actualmente, las operaciones se mantienen con un número reducido de transportistas, entre ellos Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, Avior y la estatal Conviasa.
Despliegue naval y conversación de alta tensión
La advertencia de Trump coincidió con un significativo despliegue militar estadounidense en el Caribe. El portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por una docena de buques de apoyo, aeronaves de combate y un contingente de alrededor de 12.000 militares, se encuentra activo en la denominada Operación Lanza del Sur. Si bien la misión se orienta oficialmente al combate contra organizaciones de narcotráfico en la región, su presencia intensifica la percepción de una amenaza militar sobre Caracas.
Aún más significativo fue un diálogo telefónico sostenido durante el fin de semana pasado entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Fuentes cercanas a la conversación indicaron que el mensaje de Washington fue inequívoco: el gobierno estadounidense incrementará la presión militar si Maduro no abandona el poder en el corto plazo. En la llamada participaron altos funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. Washington también exigió la salida de figuras centrales del aparato de poder chavista, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
En una acción que habilita nuevas herramientas de presión, la administración estadounidense anunció la designación del "Cartel de los Soles" como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esta designación permite aplicar sanciones adicionales de gran alcance, congelar activos y facilitar procesos judiciales contra personas y entidades vinculadas al grupo. Rubio afirmó que esta organización "es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio" y acusó directamente a Maduro de ser su principal líder, una imputación que el régimen ha negado categóricamente. La combinación de la presión aérea, militar y judicial consolida un panorama de máxima inestabilidad en la región.
