Colombia atraviesa una jornada de extrema fragilidad política y social tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien este martes aseguró haber escapado de un intento de asesinato. La denuncia del mandatario, el primero de izquierda en la historia del país, ocurre en un contexto de violencia creciente que sacude la campaña electoral, a tan solo tres meses de los comicios presidenciales en los que, por ley, no puede buscar la reelección.
La gravedad de la situación se multiplicó con la noticia del secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué, una figura de 53 años perteneciente al movimiento oficialista Pacto Histórico y muy cercana al jefe de Estado. Quilcué fue raptada en una carretera del convulso departamento del Cauca junto a miembros de su equipo de seguridad, profundizando el clima de incertidumbre que rodea a las instituciones colombianas.
Según el testimonio brindado por el presidente Petro durante una reunión con ministros transmitida en vivo, los hechos se desencadenaron la noche del lunes. El mandatario relató que no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, ubicado en el Caribe colombiano, debido a que existía el temor fundado de que la aeronave en la que se transportaba fuera blanco de disparos desde tierra.
Para evitar el ataque, la aeronave presidencial debió realizar una maniobra evasiva de alto riesgo que consistió en tomar mar abierto durante cuatro horas, llegando finalmente a un punto fuera de la hoja de ruta original. El mandatario describió la travesía como una maniobra desesperada para escaparse de que lo maten, vinculando este episodio con meses de advertencias sobre un supuesto plan de organizaciones criminales para atentar en su contra.
El complot de la "nueva junta del narcotráfico"
El mandatario colombiano ha sostenido de manera recurrente que, desde su llegada al poder en agosto de 2022, una denominada "nueva junta del narcotráfico" tiene el objetivo de asesinarlo. De acuerdo con las denuncias oficiales, en este complot participarían narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de la mayor disidencia de la guerrilla FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016. Asimismo, se señala la participación del Clan del Golfo, el mayor cártel de Colombia, que opera con fuerza en Córdoba.
Este grupo decidió suspender los diálogos de paz la semana pasada luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar a su cabecilla, alias Chiquito Malo.
Este panorama se asienta sobre una base histórica de violencia política, dado que Colombia posee una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado. Cabe recordar que Petro ya había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de aquel año, reafirmando su percepción de una amenaza persistente contra su integridad física.
El secuestro de Aída Quilcué y la "línea roja"
En el suroeste del país, la situación es igualmente crítica tras confirmarse que la senadora Aída Quilcué fue secuestrada en una zona guerrillera del departamento del Cauca. Esta región, conflictiva y cocalera, se encuentra bajo el control de las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz. El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por estos grupos ilegales. La senadora viajaba en una camioneta junto a sus dos escoltas, según relató su hija Alejandra Legarda, y aunque la guardia indígena halló el vehículo, este se encontraba sin ocupantes en su interior.
Ante este escenario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se continúa la búsqueda intensiva tras el reporte del hallazgo del rodado. Por su parte, el presidente Petro lanzó una advertencia categórica al afirmar que si no liberan a la legisladora, se considerará un grito de guerra contra todos los indígenas del país.
El mandatario enfatizó que los captores han cruzado una línea roja y que espera una resolución rápida del conflicto. El desenlace de este secuestro y las investigaciones sobre el plan para asesinar al presidente mantienen a Colombia en un estado de máxima alerta, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la seguridad en plena etapa electoral.