La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mundialmente conocido bajo el alias de "El Mencho", ha provocado un sismo de proporciones incalculables en la estructura de seguridad de México. Lejos de representar un alivio inmediato para la ciudadanía, su caída física desató una brutal y coordinada muestra de poder de fuego en el estado de Jalisco y zonas de alto perfil turístico como Puerto Vallarta. En estos puntos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió al operativo federal con una ola de incendios de vehículos, bloqueos sistemáticos de rutas y tiroteos en plena vía pública. Este escenario crítico ha dejado al descubierto no solo la ferocidad de la organización, sino también un giro evidente en la táctica del gobierno nacional frente al avance del crimen organizado.
Lo ocurrido durante las últimas horas no debe leerse como un hecho fortuito o aislado, sino como la reacción de una estructura que ha logrado dominar vastas regiones del país, transformándose en un actor económico omnipresente que a menudo suple las funciones del Estado. Con un ejército estimado de aproximadamente 175.000 "soldados", el narco se ha consolidado como la quinta fuerza empleadora más grande de México, superando incluso a instituciones históricas como la petrolera estatal Pemex o el poderoso Grupo Salinas. En el ranking nacional de empleadores, esta estructura criminal solo se sitúa por debajo de gigantes corporativos de la talla de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Walmart, Manpower y América Móvil, evidenciando una capacidad de reclutamiento y control territorial que desafía directamente la soberanía institucional.
El giro de Claudia Sheinbaum ante la presión de Washington
La asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos hace un año marcó un punto de inflexión definitivo para la política interior mexicana. La fuerte presión ejercida por el mandatario estadounidense sobre la gestión de la izquierdista Claudia Sheinbaum ha forzado a su administración a adoptar una postura mucho más beligerante y directa. Este cambio de paradigma se vuelve nítido al recordar que, hace apenas seis años, el país fue testigo de la polémica liberación de Ovidio Guzmán —hijo de "El Chapo"— con el fin de evitar un baño de sangre, bajo la consigna de "abrazos, no balazos" del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, esa visión de contención parece haber quedado definitivamente en el pasado ante las nuevas exigencias de seguridad regional.
Expertos y observadores políticos, como el exdiputado y ex secretario nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostienen con firmeza que el operativo que terminó con la vida del líder del CJNG fue una acción coordinada con el gobierno de Estados Unidos. Para el dirigente, es claro que este abatimiento responde a las exigencias directas de la administración Trump, marcando una visión totalmente distinta que, si bien es exitosa en su objetivo táctico primordial, amenaza con provocar rupturas profundas dentro del seno del propio gobierno mexicano debido a las graves consecuencias violentas y sociales que estas capturas acarrean en el corto plazo.
Un ejército de 25.000 miembros y una industria diversificada
Pese al golpe simbólico que significa la pérdida de su fundador y máximo líder, el impacto real sobre la operatividad del Cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo una incógnita para los analistas de inteligencia. El académico Rafael Prieto Curial, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad en Viena, advierte que el grupo cuenta con una base de aproximadamente 25.000 miembros activos. Desde esta perspectiva, la pérdida de una sola figura, aunque se trate de la más importante en la jerarquía, no desarticula automáticamente a los miles de integrantes restantes que mantienen operativa la maquinaria delictiva en casi todos los estados del país.
La organización ha evolucionado hacia una industria criminal multisectorial de gran escala. Lo que hace una década se limitaba estrictamente al tráfico de drogas, hoy constituye un ecosistema delictivo diversificado que abarca desde el tráfico de personas y el secuestro, hasta la extorsión generalizada y el cobro de peaje a ciudadanos y comerciantes. Esta "industria" también incluye el robo de autos, la comercialización ilegal de gasolina y una alarmante connivencia con sectores del poder político y judicial. Esta omnipresencia ha permitido que el narco conquiste espacios de poder cada vez más fuertes, dominando buena parte del territorio nacional mientras el Estado exhibe una debilidad dramática ante la magnitud de la respuesta criminal.
El fantasma de la fragmentación y el futuro de la sucesión
La desaparición de Oseguera Cervantes abre un panorama de incertidumbre total sobre la estabilidad interna de la organización. Rafael Prieto Curial identifica tres sensaciones dominantes en este proceso: el alivio inicial por la caída de un líder sanguinario, el pánico social por las víctimas secundarias que genera la reacción narco y, finalmente, el riesgo latente de una guerra civil interna por el trono del cártel. El espejo en el que nadie quiere mirarse es el del Cártel de Sinaloa, que tras la caída de sus líderes históricos se fragmentó en facciones enfrentadas que sumieron a la región en una violencia sin precedentes.
Si el CJNG logra una sucesión rápida y unitaria bajo un nuevo mando, el impacto del operativo realizado por las fuerzas federales podría resultar nulo para la seguridad cotidiana. Sin embargo, si la organización se atomiza en grupos menores y rivales, la violencia podría escalar a niveles aún más aterradores para la población civil. La sociedad mexicana observa hoy con expectación y temor un escenario donde el éxito de un operativo militar de alto nivel no necesariamente se traduce en una política de seguridad efectiva a largo plazo, mientras los miles de miembros restantes de la organización siguen siendo una parte activa y peligrosa del conflicto.