La defensa de Eduardo Ignacio Murias, el ciudadano argentino detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años, solicitó este viernes su excarcelación ante la Justicia del estado de Minas Gerais.
El pedido fue presentado mediante un recurso de urgencia en el que los abogados del imputado denunciaron que Murias habría sido víctima de agresiones físicas dentro del establecimiento penitenciario de São João del-Rei, donde permanece alojado desde que se le dictó la prisión preventiva.
Según expusieron los representantes legales, los episodios de violencia ocurrieron durante una visita al penal. Además, aseguraron que las propias autoridades carcelarias les manifestaron que no podían garantizar la seguridad del acusado.
Frente a esta situación, la defensa solicitó la liberación inmediata del arquitecto santiagueño de 63 años o, alternativamente, la aplicación de alguna medida cautelar que le permita permanecer fuera del establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
El hecho que derivó en su detención ocurrió el pasado domingo durante un recorrido en el tren turístico Maria Fumaça, en la ciudad brasileña de Tiradentes.
De acuerdo con la denuncia realizada por la madre del menor, Murias tomó fotografías del niño y posteriormente las compartió mediante mensajes de WhatsApp, acompañándolas con expresiones racistas en las que afirmaba que se lo llevaría "como esclavo".
La situación fue advertida por otro pasajero, quien alertó a la mujer sobre lo que estaba ocurriendo. Tras confrontar al acusado y exigirle que exhibiera el contenido de su teléfono celular, la madre habría encontrado las imágenes y los mensajes ofensivos.
Según trascendió, pasajeros y personal de seguridad del tren retuvieron al hombre hasta la llegada de las autoridades policiales.
Inicialmente, Murias fue detenido en flagrancia por el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil contempla penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, durante una audiencia de custodia realizada el lunes, la Justicia resolvió agravar su situación procesal y ordenó su prisión preventiva mientras continúa la investigación.