Nicolás Maduro llegó al tribunal federal de Nueva York y tendrá defensor oficial
El dictador venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas. La causa quedó en manos del juez Alvin Hellerstein y podría derivar en penas extremas, incluso la pena capital, según la legislación federal.

El exdictador venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, dos días después de haber sido capturado en Caracas durante un operativo militar llevado adelante por Estados Unidos. El proceso judicial, que incluye graves cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York y está bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein.

Maduro, de 63 años, arribó al edificio judicial escoltado por agentes federales fuertemente armados, tras ser trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores. El traslado incluyó el uso de vehículos blindados y un helicóptero, en el marco de un fuerte operativo de seguridad que se desplegó tanto en el trayecto como en las inmediaciones del tribunal.

La audiencia se realizó al mediodía, hora local, y marcó el inicio formal del proceso penal contra el exmandatario, acusado por la Justicia estadounidense de haber liderado una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. El expediente judicial se centra en delitos tipificados como "narcoterrorismo", una figura que combina cargos vinculados al narcotráfico con la utilización de estas actividades para desestabilizar a otros Estados.

Posible pena de muerte

De acuerdo con lo informado por el New York Post, Maduro podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser declarado culpable, en función de la legislación federal vigente. Según la Ley de Sustancias Controladas, los acusados que violen esta norma "como parte de una empresa criminal continua" pueden ser considerados elegibles para la pena capital, tal como detalla la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Si bien los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, también existen figuras penales vinculadas al narcotráfico que habilitan penas extremas, aun cuando no se haya probado un homicidio directo. No obstante, especialistas subrayan que las condenas a muerte por delitos de drogas son poco frecuentes en el sistema judicial estadounidense.

En este contexto, la fiscal general Pam Bondi afirmó el sábado, a través de la red social X, que Maduro y Flores "pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses". Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Justicia no precisó qué tipo de condena solicitará en caso de que se dicte un veredicto de culpabilidad.

Defensa legal y antecedentes

Durante esta primera audiencia, Nicolás Maduro fue informado de que será representado por un defensor oficial, al menos de manera inicial. El juez Hellerstein le otorgó un plazo de entre 30 y 45 días para que pueda contratar un abogado privado, en caso de así decidirlo. Se trata de un procedimiento habitual en causas federales de alta complejidad.

El magistrado a cargo del caso fue calificado por el presidente Donald Trump como un juez "muy respetado", en una referencia pública que buscó reforzar la legitimidad del proceso judicial. Hellerstein, de extensa trayectoria en el fuero federal, deberá resolver en las próximas semanas cuestiones clave vinculadas a la estrategia de defensa, las pruebas y el alcance de las acusaciones.

El caso de Maduro ha sido comparado por analistas internacionales con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando el entonces presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar para detenerlo. En aquel antecedente, Estados Unidos optó por encarcelar a Noriega tras su condena, sin avanzar hacia la pena capital.

Mientras tanto, la situación judicial del exmandatario venezolano genera repercusiones políticas y diplomáticas a nivel global, en un contexto marcado por fuertes debates sobre la legalidad del operativo militar que derivó en su detención y sobre el impacto que el juicio podría tener en las relaciones internacionales.