Venezuela atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia reciente tras la promulgación de la Ley de Amnistía, una normativa que busca desarticular la estructura de persecución política que caracterizó a las últimas décadas de gestión del régimen depuesto. El diputado oficialista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa responsable de la redacción y el seguimiento de esta ley, confirmó el viernes que se ha otorgado el beneficio de la amnistía a un total de 379 presos políticos. Este anuncio se produce en un contexto de profunda transformación institucional, luego de que la Asamblea Nacional aprobara la ley por unanimidad tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
El proceso de excarcelación, según detalló Arreaza en una entrevista televisada, ya ha superado las instancias administrativas iniciales, permitiendo que el Ministerio Público presentara formalmente las solicitudes de amnistía ante los tribunales competentes. Según la planificación oficial, las excarcelaciones deben concretarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado, lo que ha generado una movilización masiva de familiares que continúan apostados frente a cárceles y centros de tortura del país a la espera de sus allegados.
Distribución geográfica y celeridad procesal
La operatividad del plan de libertad se ha organizado para cubrir diversos puntos del país, aunque la mayor concentración de beneficiarios se encuentra en la capital. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el diputado Arreaza, el desglose de los 379 presos incluye a 371 personas en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas. Este despliegue ocurre bajo la transición liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ya había concedido libertad condicional a cientos de ciudadanos tras la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero.
Para garantizar que estas medidas no sufran dilaciones, la Asamblea Nacional formalizó la instalación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la ley. Dicho órgano está presidido por Arreaza y cuenta con la participación de la opositora Nora Bracho en la vicepresidencia. En su primera jornada, la comisión se declaró en sesión permanente e inició contactos directos con el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar demoras en la tramitación de las solicitudes. Delcy Rodríguez ha exigido celeridad para revisar incluso aquellos casos que no fueron contemplados inicialmente, estableciendo un compromiso de vigilar que se cumpla el plazo de quince días para responder a cada petición.
El rol de las organizaciones de derechos humanos
A pesar del anuncio oficial, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, mantiene un monitoreo constante del proceso. Según sus registros, alrededor de 600 personas permanecían detenidas por motivos políticos antes de este anuncio. El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que la aplicación de la amnistía no es automática y que depende de un proceso judicial en tribunales que aún son observados críticamente por haber funcionado como un brazo represivo anteriormente.
En este marco, Foro Penal anunció que presentará ante el Parlamento una lista propia con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean contempladas en la normativa vigente. El director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que el documento será entregado a la comisión legislativa en cuanto la ley sea publicada en la Gaceta Oficial, con el firme objetivo de evitar que víctimas de vulneraciones de derechos humanos queden excluidas de los beneficios legales tras el cambio de gobierno.
Limitaciones temporales y geopolítica del petróleo
La Ley de Amnistía establece un período de cobertura que abarca desde 1999 hasta 2026, aunque contiene especificaciones técnicas que generan debates jurídicos. El texto enumera trece coyunturas políticas que comienzan cronológicamente en el año 2002, lo que técnicamente deja fuera detenciones ocurridas en al menos quince de los últimos 27 años, además de excluir todos los casos relacionados con operaciones militares. Ante estas ausencias, la comisión supervisora tiene la facultad de recomendar a otros organismos estatales la adopción de medidas alternativas para los casos que analice.
Este proceso de pacificación interna ocurre en paralelo a un fuerte realineamiento internacional. Tras asumir el poder con el aval de Washington, Delcy Rodríguez ha seguido políticas estrechamente vinculadas a la Casa Blanca. En la actualidad, Estados Unidos controla las ventas de petróleo venezolano, y el presidente Donald Trump ha prometido públicamente que una parte de las ganancias generadas por el crudo será destinada a su propio país. En este escenario de intereses cruzados, la liberación de los presos políticos se posiciona como una pieza central para la validación de la nueva etapa política venezolana.