El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este sábado por la tarde, un día después de haber sido destituido de su cargo mediante un juicio político impulsado tras el escándalo financiero de Ueno Bank, en el que se sospecha que está implicado. Su presentación ante la Justicia estuvo marcada por una escena que generó repercusión: la queja del exmandatario cuando los funcionarios de seguridad le comunicaron que debía ser esposado para llegar al despacho del juez.
"No puede ser ko, soy un expresidente de la República", expresó Peña al recibir la indicación en el Palacio de Justicia de Asunción. La colocación de esposas forma parte del protocolo obligatorio para cualquier persona procesada que deba desplazarse dentro del edificio, independientemente de su condición anterior o de los cargos que haya ocupado.
Según informó el medio local N9, los funcionarios de seguridad debieron convencer al exmandatario de que el procedimiento se extendería apenas unos minutos. Finalmente, Peña colocó las manos hacia atrás y un policía le puso las esposas.
El expresidente caminó desde el estacionamiento hasta el ascensor y luego recorrió el pasillo del cuarto piso, hasta llegar a la oficina del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Una vez dentro del despacho, le retiraron las esposas.
Durante el recorrido no se permitió tomar fotografías ni grabar videos. Las únicas imágenes obtenidas dentro de la oficina del magistrado fueron tomadas por el equipo de prensa del Poder Judicial.
La expresión "ko", utilizada por Peña en su reclamo, es una forma coloquial propia de Paraguay, surgida de una combinación entre el guaraní y el español. Su función es dar énfasis a lo que se está diciendo, por lo que la frase del exmandatario buscó remarcar su condición de expresidente frente a la obligación de cumplir con el protocolo judicial.
De la destitución a la primera noche detenido
Peña fue destituido el viernes 6 de noviembre y, en un primer momento, se ordenó que permaneciera en su domicilio, ubicado en el barrio Mbocayaty de Asunción. Sin embargo, un grupo de manifestantes lo esperaba en el lugar, por lo que la Policía debió evacuarlo y trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial (REP).
Allí pasó su primera noche detenido, acompañado por su esposa, Leticia Ocampos Villate. El traslado al regimiento se produjo luego de que la presencia de manifestantes en las inmediaciones de su vivienda obligara a las fuerzas de seguridad a modificar el procedimiento previsto.
Durante la mañana del sábado, el exmandatario fue llevado a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se desarrolló la audiencia de declaración indagatoria. Según detalló el portal paraguayo abc.com, Peña se abstuvo de declarar.
Su ingreso a la Fiscalía se realizó en una camioneta, por un acceso reservado, sin esposas y bajo una custodia discreta. Esa modalidad provocó malestar entre algunas de las víctimas del caso Ueno Bank, que se manifestaron frente al edificio para exigir la devolución de su dinero y que se castigue a los responsables.
La diferencia entre ese traslado y el procedimiento posterior en el Palacio de Justicia quedó expuesta durante la jornada: en la Fiscalía, Peña ingresó sin esposas; en el edificio judicial, al estar procesado y tener que desplazarse hasta el despacho del juez, debió cumplir con el protocolo que se aplica a las personas sometidas a un proceso penal.
Las imputaciones y el pedido de prisión preventiva
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio. Los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez Benítez solicitaron que se disponga su prisión preventiva.
En el pedido, los representantes del Ministerio Público expusieron argumentos vinculados con la posibilidad de que el exmandatario pueda sustraerse de la Justicia ordinaria. Para la Fiscalía, Peña "cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria".
Los fiscales también señalaron que el imputado dispone de "logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional", además de un "acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas".
Otro de los fundamentos expuestos por la Fiscalía estuvo relacionado con la eventual severidad de las penas. Los fiscales advirtieron que los delitos por los que se lo imputa —administración en provecho propio y lesión de confianza— podrían otorgarle al exmandatario "hasta 15 años de privación de libertad".
En ese sentido, consideraron que la gravedad de la sanción posible "debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso". Estos argumentos fueron presentados en el marco del pedido de prisión preventiva que luego quedó bajo consideración del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
La presentación ante el juez Humberto Otazú
Durante la tarde del sábado, Peña fue presentado ante el juez Humberto René Otazú Fernández, en el edificio del Poder Judicial. El exmandatario llegó en una camioneta Toyota Land Cruiser negra y blindada, conducida por un chofer militar.
En el vehículo también viajaba el teniente coronel Óscar Armando Sostoa Martínez, quien hasta el viernes seguía desempeñándose como jefe de seguridad de Santiago Peña, según se informó.
El traslado se realizó bajo un operativo policial. La camioneta del expresidente estuvo escoltada en todo momento por varios móviles de la Policía, cuyos agentes fueron asignados para garantizar la seguridad y concretar el desplazamiento del detenido.
Al llegar al estacionamiento del subsuelo, Peña fue recibido por funcionarios de seguridad del Poder Judicial. Allí le comunicaron que, por encontrarse procesado, debía ser esposado para ingresar al despacho del juez, de acuerdo con las disposiciones del protocolo.
Fue en ese momento cuando expresó su queja: "No puede ser ko, soy un expresidente de la República". Tras la colocación de las esposas, recorrió el trayecto hasta el cuarto piso, donde finalmente ingresó a la oficina del magistrado.
En el despacho lo esperaba su abogado, Ricardo Alberto Preda Del Puerto. Al igual que durante la audiencia realizada en la Fiscalía General del Estado, Peña se abstuvo de declarar ante el Juzgado.
La prisión preventiva dónde se cumplirá
El juez Otazú ordenó que la medida de prisión preventiva se cumpla en el Regimiento Escolta Presidencial, el mismo lugar donde Santiago Peña ya permanecía detenido desde la noche del viernes.
En ese establecimiento, el exmandatario tiene a disposición una especie de suite destinada a los presidentes en ejercicio. La disposición judicial establece así que continúe privado de su libertad en el regimiento, donde pasó su primera noche detenido junto a su esposa.
La secuencia judicial que comenzó con la destitución del viernes y continuó con las audiencias del sábado incluyó la imputación por los delitos vinculados con el caso Ueno Bank, el pedido fiscal de prisión preventiva y la presentación ante el juez especializado en delitos económicos.
Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos relacionados con la posibilidad de que Peña se sustraiga del proceso y con la gravedad de las penas previstas, el exmandatario se abstuvo de declarar tanto en la sede fiscal como ante el magistrado.
La escena de su ingreso esposado al Palacio de Justicia quedó como uno de los momentos más destacados de la jornada, en la que el expresidente debió cumplir con el protocolo dispuesto para las personas procesadas, pese a su reclamo por la condición que había ocupado al frente de la República.