El expresidente de Paraguay Santiago Peña quedó detenido en su domicilio la noche de este viernes, apenas horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político por su responsabilidad en la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank. La orden fue emitida por la Fiscalía en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de la entidad financiera.
El arresto se concretó en simultáneo con la asunción de Pedro Alliana como nuevo presidente en el Congreso Nacional, según relató un medio local. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, que se presentaron en la residencia para notificar formalmente la medida.
El fiscal Christian Benítez, a cargo de la comitiva, explicó que el objetivo fue "verificar su presencia física y dar curso al mandato de captura". Según precisó el fiscal, Peña colaboró desde el primer momento y permitió el ingreso voluntario de los agentes a su domicilio.
Cuando la fiscala Elena Fiore le comunicó que estaba detenido, el exmandatario respondió: "Me voy a someter al proceso". El auto de arresto dispone que Peña permanezca bajo detención domiciliaria "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de Asunción.
La misma orden alcanza a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes pasado presidió el Banco Central de Paraguay (BCP) y renunció por el escándalo. No quedó confirmado de forma inmediata si Carvallo también fue detenido.
Imágenes de televisión local mostraron a una veintena de agentes resguardando la vivienda del exmandatario, mientras manifestantes exigían su reclusión inmediata. "El pueblo exige que vaya a la cárcel, nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya, no se quede en su casa, que duerma tras las rejas", dijo una mujer identificada como Andrea Salazar.
El Senado paraguayo destituyó a Peña en una votación unánime de los 44 legisladores presentes, que lo responsabilizaron por mal manejo en el ejercicio del cargo. El veredicto llegó apenas tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank, dejando sin acceso a sus ahorros y tarjetas a cerca de 3 millones de clientes.
Los legisladores acusaron a Peña de utilizar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por alto préstamos riesgosos entre empresas vinculadas. El exmandatario había negado cualquier irregularidad.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó. Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, argumentaron que los legisladores debían haber aprobado su salida en lugar de continuar con el juicio político.
