El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha expropiado oficialmente el internado San José en Jinotepe, una institución con 40 años de historia administrada por la Congregación de las Hermanas Josefinas. La medida, según informaciones de la agencia EFE, se fundamenta en graves acusaciones de la copresidenta Murillo, quien señaló que en el centro se "torturó y asesinó" a sandinistas durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

El internado, que a partir de ahora llevará el nombre del militante sandinista Bismarck Martínez, se convierte en una nueva institución religiosa confiscada por el régimen. Martha Patricia Molina, investigadora de temas religiosos, criticó la decisión y calificó las acusaciones de difamación. Molina destacó la labor de las monjas, quienes desde su llegada a Nicaragua en 1915 han educado a niños y niñas "en valores cristianos y humanistas".

Condena internacional 

La expropiación fue condenada enérgicamente por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. a través de su cuenta oficial en X, calificándola como "una prueba más de que la perversidad de la dictadura de Murillo-Ortega no tiene límites".

Esta acción se suma a una serie de expropiaciones y persecuciones contra la Iglesia católica en Nicaragua. En enero, el gobierno ya había confiscado el seminario San Luis Gonzaga y el centro de retiros espirituales La Cartuja. A lo largo del tiempo, el régimen ha llevado a cabo numerosas detenciones y expulsiones de obispos y sacerdotes, así como la prohibición de actividades y procesiones religiosas, en un contexto de creciente tensión con la Iglesia católica.