Iglesia católica

Reportan al menos 216.000 casos de pederastia en la Iglesia francesa

Dos años y medio de investigaciones dan lugar a casi medio centenar de propuestas para evitar nuevos abusos, entre ellas reformar el secreto de confesión.

05 Octubre de 2021 12.24

Al menos 216.000 personas fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa en los últimos 70 años, según el informe final de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase). La cifra aumenta hasta los 330.000 si se cuentan también los abusos cometidos por personal laico de la iglesia, como profesores en colegios religiosos o de catecismo, de acuerdo con una investigación iniciada hace 32 meses y revelada este martes en París.

El presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, reconoció al presentar el informe: “Son cifras abrumadoras que reclaman medidas muy fuertes” por parte de la Iglesia católica. Esto demuestra, según Sauvé, que los “silencios” y “fallos” de la Iglesia católica francesa ante los casos de pederastia desde 1950 tienen un “carácter sistémico” que requiere profundas reformas de la institución y de sus prácticas, incluido el secreto de confesión, subrayó. “Hasta comienzos de los años 2000, constatamos una indiferencia profunda y cruel ante las víctimas. No se les cree, no se las escucha, se considera que ellas pueden haber contribuido a lo que les pasó”, señaló. Por ello, continuó, la Ciase es “unánime” en su conclusión: “La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles” y, si las víctimas no hubieran tomado la palabra por fin, ”nuestra sociedad seguiría ignorando o negando lo que pasó”.

En el informe se confirma, asimismo, que la cifra de depredadores sexuales en la Iglesia francesa ronda los 3.000 sacerdotes o religiosos, un “cálculo mínimo”, como explicó Sauvé a medios franceses en vísperas de la publicación del informe.

“No puede haber un futuro común sin un trabajo de verdad, perdón y reconciliación”, insistió el presidente de la comisión justo antes de entregar el informe a dos altos representantes de la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, y la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, la monja Véronique Margron. La Ciase “ha contribuido al trabajo de verdad, ahora le toca a la Iglesia actuar y recuperar la confianza de los fieles y el respeto de la sociedad”, señaló.

La amplitud de las cifras reveladas y la voz de las víctimas “nos perturba, nos abruma, superan lo que suponíamos”, reconoció a su vez Moulins-Béaufort, que no escatimó en su impacto. El informe “nos avergüenza, nos espanta”, reconoció, y aseguró que no hace más que “persuadir” a la Iglesia francesa de que “el trabajo de purificación necesario debe realizarse sin descanso”. También expresó su “determinación a actuar para que el rechazo a escuchar, la intención de silenciar, de ocultar” denunciados en el informe “desaparezca” y haya un verdadero cambio de actitud y de respuesta.

“Mi deseo este día es pedir perdón, perdón a cada uno y cada una”, agregó el presidente de la Conferencia Episcopal. El papa Francisco ha expresado hoy su “dolor” por el contenido del informe a través de un comunicado. “Su pensamiento va ante todo a las víctimas, con gran dolor, por sus heridas, y agradecimiento, por su valentía en la denuncia, y a la Iglesia de Francia, porque, en la conciencia de esta terrible realidad, unida al sufrimiento de la Señor por sus hijos más vulnerables, pueda embarcarse en un camino de redención”, dice el comunicado difundido por el Vaticano, informa EFE.

La decisión de investigar los casos de pederastia en su seno desde 1950 la tomó la Iglesia católica gala a finales de 2018, cuando se multiplicaban en toda Francia los procesos contra religiosos por abusos sexuales de menores o por silenciar denuncias recibidas ?como fue el caso del cardenal Philippe Barbarin, entonces arzobispo de Lyon? y en momentos en que crecía el debate nacional y hasta internacional sobre el tema, con casos muy mediatizados en Estados Unidos, Europa y hasta Australia. En febrero de 2019, el papa Francisco convocó un sínodo sobre la pederastia en el que aceptó pasar de la retórica a “medidas concretas y eficaces”. A finales de ese año, el Vaticano anunció dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidan el secreto pontificio ?que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones de particular gravedad? en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia.

En ese contexto, la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) decidió encargar a una comisión independiente la tarea de investigar posibles casos de pederastia desde 1950 y “las razones que favorecieron la manera en que fueron tratados esos asuntos”, además de pedirle que proponga medidas para evitar nuevos casos en el futuro.

El mandato fue entregado a Sauvé, un católico practicante y exvicepresidente del Consejo de Estado, que convocó a 21 hombres y mujeres de diferentes ámbitos ?desde expertos en derecho a teólogos, psicólogos o trabajadores sociales? y diversas confesiones religiosas, incluso no creyentes. Así nació la Ciase, que unos seis meses después de su constitución, en junio de 2019, empezó a buscar testimonios con los que componer su investigación y sus propuestas, ahora presentadas.

En total, el informe, aprobado “por consenso”, según Sauvé, consta de 2.480 páginas, 2.000 de ellas de anexo. Su elaboración ha requerido casi dos años y medio de trabajo, en parte interrumpidos por la pandemia. Para llegar a sus conclusiones y cifras, que son “una estimación mínima”, según advirtió los últimos días el propio Sauvé, la Ciase trabajó sobre la base de 6.500 llamadas y correos electrónicos con testimonios recibidos entre el 3 de junio de 2019 y el 31 de octubre de 2020, en la etapa clave de los trabajos de la Comisión, seguidas de 250 audiciones largas o entrevistas. Además, la Ciase complementó su trabajo con diversas encuestas, entre otras una a escala nacional sobre abusos generalizados contra menores, no solo en el seno de la Iglesia, para contextualizar los casos de religiosos, y con la consulta también de archivos civiles (judiciales, policiales o de la prensa) y eclesiásticos. La investigación ha costado unos tres millones de euros, financiados por el Episcopado y por instituciones religiosas.