La República Argentina se enfrenta a un nuevo y crítico capítulo en su prolongado historial de litigios financieros internacionales. La Justicia del Reino Unido ha emitido una orden taxativa que obliga al Gobierno nacional a entregar información detallada y sensible sobre sus activos en el extranjero. Esta disposición surge tras la derrota definitiva en un juicio millonario iniciado por fondos internacionales, quienes ahora buscan identificar bienes susceptibles de embargo para cobrar una deuda que, según la condena original de 2023, asciende a un total de 1.330 millones de euros (equivalentes a unos USD 1.500 millones contemplando intereses).
El proceso, que se encuentra en una etapa de ejecución de sentencia, es impulsado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald. Estas entidades demandaron al país tras la decisión de modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, período en el que Áxel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía y se registraba la intervención del Indec iniciada en 2007 bajo la órbita de Guillermo Moreno.
La génesis del conflicto se remonta a la emisión de los Cupones PBI en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Este instrumento, diseñado durante la gestión de Roberto Lavagna, funcionaba como un incentivo para los acreedores, estableciendo pagos adicionales si el crecimiento económico anual superaba el umbral del 3% hasta el año 2035. Sin embargo, en 2013, el organismo estatal de estadísticas modificó la base de cálculo, lo que derivó en el reporte de un crecimiento inferior al necesario para activar los desembolsos.
Bajo la base de cálculo previa de 1993, el PBI de aquel año había subido un 4,9%, cifra que obligaba al Estado a pagar. No obstante, con el cambio metodológico, el Indec difundió una expansión inferior al umbral de 3,22% requerido. Esta alteración técnica permitió al gobierno de aquel entonces evitar el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses, pero motivó la demanda de los cuatro fondos ante los tribunales de Londres. La Corte londinense consideró finalmente que esta decisión perjudicó de manera ilegítima a los inversores.
Discovery de activos y presión de los acreedores
La reciente orden judicial británica activa un procedimiento conocido como discovery, cuyo fin es la transparencia absoluta de los bienes soberanos fuera del territorio nacional. Según detalló Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, la Justicia exige a la Argentina revelar información crítica que incluye:
- Contratos firmados con petroleras internacionales.
- Acuerdos con empresas del sector energético.
- Detalle de cuentas bancarias en el exterior.
- Otros activos financieros identificables.
Hasta el momento, el proceso ha permitido a los demandantes ejecutar una garantía de 313 millones de euros, la cual Argentina había depositado mediante una Carta de Crédito del Banco Santander para poder apelar el fallo. Dicho recurso fue desestimado y, en febrero de 2025, los acreedores tomaron posesión de esos fondos, compuestos presumiblemente por efectivo o Letras de pago inmediato. No obstante, según datos de la Procuración del Tesoro, resta saldar un remanente de aproximadamente 1.000 millones de euros, lo que posiciona a este litigio como el quinto más relevante por monto para el erario público.
Tensión con el FMI y falta de negociaciones
Un punto de conflicto adicional ha surgido en torno a la comunicación institucional del país. En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó la existencia de conversaciones entre Argentina y los acreedores para resolver la deuda. Sin embargo, los beneficiarios del fallo negaron tajantemente esta versión. A través de una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: "No hay negociaciones en curso entre ellos y la República", solicitando formalmente al FMI que actualice su reporte técnico para corregir lo que consideran afirmaciones incorrectas.
Los acreedores denuncian que el país se niega a cooperar con las medidas de ejecución y que tampoco cumple con el abono de los intereses diarios acumulados. En su advertencia final, señalan que es imperativo que Argentina resuelva sus atrasos externos asociados a estas emisiones de deuda anteriores si pretende recuperar la confianza necesaria para regresar a los mercados internacionales de capital. Mientras tanto, el tribunal londinense mantiene la presión para que el Estado transparente sus cuentas en el extranjero y cumpla con la sentencia definitiva.