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Gran Bretaña también prohibiría el uso de redes sociales a menores de 16 años

Se implementarán facultades legislativas especiales para agilizar las limitaciones y toques de queda digitales, buscando posicionar al país británico como líder global en seguridad en línea frente a la crisis de salud mental juvenil.

17 Febrero de 2026 07.59

En un giro decisivo que marca un endurecimiento de la política digital en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha anunciado que utilizará nuevas facultades para acelerar la aprobación de cambios legislativos destinados a proteger a la infancia en el entorno digital. El plan, que contempla desde la prohibición total hasta restricciones técnicas severas para menores de 16 años, busca responder a una creciente alarma social y política sobre los efectos nocivos de las plataformas no reguladas.

Un giro estratégico hacia el "modelo australiano"

La postura del mandatario laborista sobre una prohibición total parece estar cambiando drásticamente. Impulsado por la creciente evidencia sobre los efectos negativos de las redes sociales, Starmer ha pasado de la cautela a la acción directa. Esta evolución se produce en un contexto donde otros países están siguiendo el ejemplo de Australia, y Gran Bretaña aspira ahora a ser "líder, no un seguidor" en esta materia.

Durante una reunión mantenida este lunes con padres y jóvenes en la iglesia de Putney, Starmer apeló a su faceta personal para validar la urgencia de estas medidas: "Como padre de dos adolescentes, conozco los desafíos y las preocupaciones que enfrentan los padres para garantizar la seguridad de sus hijos en línea", declaró. El jefe de gobierno dejó claro que las leyes sobre el acceso de los adolescentes a las redes sociales se endurecerán definitivamente, manteniéndose "abierto" a la posibilidad de una prohibición total.

La vía rápida legislativa

Para evitar que las nuevas normativas queden atrapadas en la burocracia parlamentaria —un proceso que para la Ley de Seguridad en Línea tomó más de cinco años—, el Ejecutivo está presentando su propia enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas.

Esta enmienda otorgará a los ministros los denominados "poderes Enrique VIII", herramientas legales que permiten introducir cambios radicales en la ley sin necesidad de un escrutinio parlamentario o legal completo. Según fuentes gubernamentales, esta estrategia permitirá actuar sobre las conclusiones de las consultas en cuestión de meses, en lugar de esperar años a que se apruebe legislación primaria cada vez que la tecnología evoluciona.

Puntos clave del proyecto

El plan gubernamental no solo se centra en la edad de acceso, sino en la arquitectura misma de las aplicaciones. Las medidas bajo consideración incluyen:

Establecimiento de una edad mínima: A diferencia de la gestión conservadora previa, el nuevo gobierno asumirá poderes para implementar una edad mínima de acceso en pocos meses.

Toques de queda para teléfonos: Restricciones horarias para el uso de dispositivos.

Restricción de funciones adictivas: Limitación del scrolling (desplazamiento infinito) y la reproducción automática, diseñados para mantener a los usuarios enganchados.

Control de interacción con chatbots: Limitación de la exposición de menores a inteligencias artificiales conversacionales.

Bloqueo de Redes Privadas Virtuales (VPN): Medidas para evitar que los menores utilicen estas herramientas para eludir límites de edad o acceder a pornografía.

El factor humano y la seguridad por diseño

El debate ha estado profundamente marcado por testimonios como el de Ian Russell, cuya hija Molly se quitó la vida a los 14 años. Russell ha enfatizado la importancia de conservar el contenido de las redes sociales de jóvenes que se suicidan para entender el impacto del contenido dañino.

Por su parte, organizaciones como la Fundación Internet Watch han celebrado el compromiso gubernamental. Hannah Swirsky, su directora de políticas, subrayó la necesidad de que la legislación se mantenga al día con las amenazas y exigió directrices claras para que las empresas construyan plataformas seguras desde su fase inicial.

Con la legislación programada para regresar a la Cámara de los Comunes el próximo mes, el Gobierno británico busca demostrar que está dispuesto a actuar con celeridad para cerrar la brecha entre la innovación tecnológica y la protección del bienestar infantil.