Un caso conmociona a Chile y genera repercusiones en Argentina. Se trata de Bernarda Vera, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida el 10 de octubre de 1973, apenas un mes después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Según los registros oficiales, había sido ejecutada en el puente de Villarrica, en la región de la Araucanía. Sin embargo, una investigación de Chilevisión afirma haberla encontrado viva en la ciudad bonaerense de Miramar.
Vera, conocida como "Anita" en la militancia, figura en el Informe Rettig —equivalente chileno de la CONADEP argentina— entre las 1.162 víctimas de desaparición forzada. No obstante, documentos y boletines recientes del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric en 2023, ya habían señalado la existencia de "incongruencias" en algunos casos.
La periodista de Chilevisión logró ubicar a una mujer que respondería al nombre de Vera cuando descendía de un auto frente a su vivienda en Miramar. Consultada por cámaras y micrófonos, alcanzó a contestar "sí" cuando le preguntaron si era Bernarda, pero rápidamente rechazó continuar el diálogo. Un hombre que la acompañaba la hizo ingresar a la casa y cuestionó la irrupción periodística.
El informe televisivo incluyó testimonios de referentes de Derechos Humanos y del excoordinador del Plan de Búsqueda, Sandro Gaete, quien aseguró que el Ministerio de Justicia chileno ya tenía información sobre el caso y no la había judicializado.
Desde el gobierno trasandino, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aclaró que "no hay certeza" de que la persona localizada sea efectivamente Vera. Señaló que la investigación sigue abierta y que parte de los antecedentes provienen de Suecia, país en el que la mujer habría residido antes de regresar a Argentina.
La polémica política
El hallazgo desató fuertes críticas de la oposición a Boric, centradas en la pensión que recibe la hija de Vera como familiar de víctima de la dictadura. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, cuestionó: "Hay miles de millones de pesos de contribuyentes comprometidos".
Por su parte, el legislador del Partido Republicano, Cristián Araya, pidió la intervención de la Contraloría para determinar quiénes estaban al tanto de que la mujer estaría con vida y qué pagos se realizaron en concepto de reparación.
En respuesta, Cordero defendió el derecho de la hija de Vera, de 57 años, a percibir el beneficio, ya que posee un certificado oficial que acredita una discapacidad motora superior al 60%.
El caso sigue abierto y promete tener nuevas derivaciones tanto en la arena política como en el terreno judicial, mientras Chile se prepara para profundizar el debate sobre las memorias y heridas aún no cerradas de la dictadura.
